“Necesitamos inversiones, es importantísimo. Ahora, ¿para qué esta gente se va a instalar acá? ¿Quiénes son?”, planteó.
Leizagoyen sostuvo que la discusión sobre +Colonia no puede limitarse a las obras de construcción ni a los capitales que se anuncian para desarrollarlas. A su entender, es necesario examinar también el perfil de quienes promueven los nuevos proyectos y las ideas que defienden.
Una ciudad junto a otra ciudad
El edil describió +Colonia como un desarrollo inmobiliario de gran escala que busca atraer a inversores con alto poder adquisitivo. El emprendimiento abarca, según señaló, unas 500 hectáreas en El Calabrés, una zona costera de Colonia del Sacramento.
“Es una ciudad al lado de otra ciudad”, resumió. A su juicio, el proyecto apunta a atraer a grandes capitalistas para que inviertan y accedan a condiciones de vida privilegiadas, mientras la población de la ciudad existente enfrenta sus propias dificultades.
Leizagoyen recordó que la iniciativa atravesó distintas administraciones departamentales. Según explicó, fue aprobada durante gobiernos del Partido Nacional y continuó su desarrollo bajo la actual administración frenteamplista. Si bien reconoció que los procedimientos institucionales se tramitaron en la Junta Departamental, consideró que faltó una discusión política y pública más profunda.
El cuestionamiento no se dirige únicamente a la construcción de viviendas y edificios, sino también al modelo de desarrollo que puede consolidarse en ese territorio.
El edil indicó que las obras actualmente visibles corresponden a una etapa inicial del emprendimiento, impulsada por inversores que obtuvieron las autorizaciones correspondientes. Las nuevas iniciativas, explicó, ocuparían espacios dentro de las 500 hectáreas previstas para el desarrollo general.
En ese marco, señaló que aproximadamente un 20% del área se destinaría a Praxis, aunque aclaró que no dispone de información suficiente sobre la superficie que ocuparían otros proyectos anunciados.
Praxis y las interrogantes políticas
La incorporación de Praxis constituye uno de los principales motivos de preocupación para Leizagoyen. La organización está vinculada con empresarios del sector tecnológico y promueve una visión de futuro asociada al desarrollo de nuevas ciudades y al uso de tecnologías avanzadas.
El edil sostuvo que sus impulsores no solo cuentan con grandes recursos económicos, sino que también tienen influencia en ámbitos como la inteligencia artificial y las criptomonedas. A partir de su interpretación de las ideas que defienden, los definió como “tecnócratas fascistas” y afirmó que cuestionan la democracia tal como se conoce actualmente.
Según su planteo, detrás de estas iniciativas existe una concepción del poder en la que los grandes grupos económicos y tecnológicos adquieren un papel central en la organización de la sociedad.
“Vamos a tener un nuevo imperialismo, pero esta vez va a ser un imperialismo a través de la tecnología”, afirmó.
Se trata de una valoración política del edil sobre los promotores de Praxis, que reclamó conocer con mayor precisión quiénes son, qué objetivos persiguen y cuáles serían las condiciones de su instalación en Uruguay.
Leizagoyen también vinculó sus preocupaciones con los usos militares de la inteligencia artificial. Señaló que estas tecnologías pueden contribuir a resolver problemas y mejorar la vida de las personas, pero advirtió que también se emplean en operaciones bélicas, incluidas aquellas que afectan a la población palestina. No obstante, aclaró que no dispone de información que permita atribuir esos usos a los responsables de los emprendimientos que se proyectan en Colonia.
Falta de información y diferencias políticas
Otro de los cuestionamientos del edil se dirige a la falta de información oficial. Leizagoyen afirmó que los representantes departamentales han intentado conocer más detalles sobre los nuevos proyectos, pero que todavía no cuentan con elementos suficientes para evaluar sus alcances.
Según relató, desde el Frente Amplio de Colonia se solicitó una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, a través de las autoridades partidarias, con el objetivo de conocer su posición y obtener información que permitiera analizar la iniciativa. Al momento de la entrevista, sostuvo que no habían recibido respuesta a ese pedido.
También señaló diferencias dentro de la bancada frenteamplista en torno a la forma de abordar el asunto. Explicó que un grupo de ediles había propuesto elaborar una declaración conjunta después de discutir el proyecto, pero que el Movimiento de Participación Popular (MPP) realizó una declaración por separado.
“Nos hubiera gustado que esa declaración se hubiera hecho con todos los integrantes del Frente Amplio, después de haber discutido profundamente sobre esto que se va a instalar en el departamento de Colonia”, sostuvo.
El edil consideró que estas diferencias deben ser discutidas dentro de la fuerza política y señaló que esperaba una nueva instancia de intercambio para definir una posición común.
Asimismo, mencionó las visitas que recibió el emprendimiento de parte de dirigentes políticos de distintas orientaciones, entre ellos Mauricio Macri, Javier Milei, Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi. A su entender, esos antecedentes muestran que la iniciativa cuenta con respaldos políticos relevantes, aunque no sustituyen la necesidad de conocer sus condiciones concretas.
Impacto ambiental y participación ciudadana
Las preocupaciones también alcanzan a las consecuencias ambientales y territoriales del proyecto. Leizagoyen destacó el tamaño del área prevista y su extensión costera, y planteó interrogantes sobre la forma en que se desarrollará la urbanización y sobre las condiciones de acceso a ese espacio.
“Son 500 hectáreas que tienen diez kilómetros de costa”, señaló durante la entrevista. También observó que el emprendimiento no se encuentra actualmente cercado, aunque advirtió que esa situación podría cambiar en el futuro.
El edil mencionó el trabajo de organizaciones locales, entre ellas No Colonia, que han manifestado preocupación por los posibles efectos sobre las playas y el saneamiento. A su juicio, es necesario que la población disponga de información suficiente para evaluar las consecuencias de las obras y las nuevas actividades previstas.
En ese sentido, anunció que se invitaba a la ciudadanía a concurrir a la Junta Departamental el 4 de noviembre, a las 19 horas, para escuchar las explicaciones del representante del proyecto y plantear preguntas.
La instancia, sostuvo, debe servir para conocer los detalles de la iniciativa y despejar interrogantes sobre los nuevos emprendimientos que podrían incorporarse a +Colonia.
“No cualquier inversión es buena”
Para Leizagoyen, el debate excede el caso de Colonia y plantea una discusión sobre la política económica del país. Si bien reconoció la necesidad de atraer capitales y generar empleo, cuestionó que la llegada de inversiones se considere positiva por sí misma, sin examinar sus características y consecuencias.
También expresó preocupación por las experiencias de proyectos de características similares en otros países. Mencionó los casos de Argentina, Brasil y Honduras, y señaló que en este último existen controversias y un litigio entre los promotores de una iniciativa de este tipo y el Estado.
Sin equiparar automáticamente esas experiencias con lo que pueda ocurrir en Uruguay, consideró que deben servir para analizar con cuidado las condiciones en que se habilitan estos emprendimientos.
El edil reclamó una política que permita evaluar las innovaciones económicas y tecnológicas sin dejar de lado el interés público, la soberanía y las necesidades de la población.
“No cualquier inversión que se venga a instalar al país es buena. Hay que pensarlo dos veces”, afirmó.
Su advertencia final apuntó al riesgo de que Uruguay base su estrategia de desarrollo en la captación de capitales sin una discusión suficiente sobre sus efectos. “Si no, nos vamos a transformar en la República Oriental de la Zona Franca”, concluyó.
La discusión sobre +Colonia plantea así una serie de interrogantes que siguen abiertos: qué actividades se instalarán, cuáles serán las condiciones de funcionamiento de los nuevos proyectos, qué impactos tendrán sobre el territorio y qué beneficios concretos aportarán a la población local. Para Leizagoyen, responder esas preguntas requiere más información y un debate público que permita evaluar el emprendimiento más allá de la inversión anunciada.