Fue por eso que, caminando por una plaza montevideana, la fuente me dijo: “Nadie quiso armar bardo porque los escándalos del “Cuqui viejo” (Luis Alberto Lacalle Herrera) por corrupción copaban la agenda, y porque era el segundo gobierno democrático luego de la dictadura. Pero varios milicos andaban desacatados y Lacalle tenía entre manos otros asuntos complicados con la Seguridad Nacional, que otra que el Pan de Azúcar (banco); más te digo, Lacalle estuvo reunido en secreto con Pinochet cuando visitó Uruguay”.
Sin dar por cierta la última afirmación, volver a repasar los hechos y darle por un momento cierta credibilidad puede permitir explicar los cientos de enigmas abiertos que dejó el crimen del químico chileno Eugenio Berrios.
Si hay algo en lo que Lacalle parece haber demostrado toda su impericia fue en el manejo castrense, en su incumplimiento como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero la incapacidad de gestión no implica que realmente estuviera desinformado de todo lo que sucedía con militares chilenos, carapintadas argentinos, vascos y otros ciudadanos recorriendo Montevideo.
Convulsionados años 90
Luis Alberto Lacalle Herrera se había alzado con el triunfo para obtener el segundo gobierno democrático desde la restauración democrática. Heredaba un gobierno que había sido sometido por la Tutela Militar y consagrado la Ley de Caducidad.
Seguramente creyendo que las riendas del control, al menos dentro del Ejército, se resolvían con el golpe de timón que le otorgaba la victoria en las urnas, nombró de ministro de Defensa a Mariano Brito, al general de extracción nacionalista Juan Rebollo como comandante en jefe del Ejército y a otro nacionalista al frente de la Inteligencia Militar, Mario Aguerrondo.
Seguramente apostaba a que esas designaciones apaciguaran una interna militar agitada, pero operó como rociar un bidón de nafta en un incendio.
Lacalle, además, se sumaba a la lista de presidentes en la región que andaban en pleno estreno de la agenda neoliberal y su política de privatizaciones. En el 90, Lacalle Herrera logra el acuerdo de los principales dirigentes colorados (Jorge Batlle, Pacheco Areco, Sanguinetti) para iniciar un proceso por el cual se reduce el dominio estatal de la industria y el comercio. Y, tres años después, se consagra la ley de privatización de las Empresas Públicas, al tiempo de la firma de creación del Mercosur.
Huelga recordar que Chile era uno de los referentes en materia económica que validaría el régimen de las AFAPS y las privatizaciones; admirado como país por las Derechas de la región por ser el primer laboratorio de los “Chicago boys”.
No es desatinado afirmar que ese era uno de los temas que acaparó la atención de todo el sistema político, por lo que los graves hechos que ocurrían en el micro universo militar pasaron indiferentes y probablemente haya servido para que las responsabilidades políticas del gobierno se diluyeran sin mayores consecuencias.
En Chile, en marzo de 1990, triunfaba Patricio Aylwin, pero Pinochet seguiría siendo Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas hasta 1998, para luego pasar a ser senador vitalicio.
El 10 de marzo del 90 Pinochet realizaba su última reunión de Gabinete y, al otro día, debía entregar la banda presidencial a Aylwin. Cuenta la crónica que, una vez terminada la sesión, fue entregando con cierto pesar la medalla a sus leales con la frase “misión cumplida”. En el Palacio de la Moneda lo esperaban, entre otras personas, el presidente argentino Carlos Saúl Menem y el uruguayo Luis Alberto Lacalle.
Berrios
Es numerosa la bibliografía sobre el químico y agente del DINE (servicio de Inteligencia de Pinochet) Eugenio Berrios, su participación en el proyecto ANDREA (un proyecto de fabricación del gas Sarín para utilizar contra los opositores políticos), su vinculación en el asesinato de Orlando Letelier y los motivos por los cuales, para evitar su testificación en los juicios iniciados contra Pinochet y agentes de su gobierno, deciden eliminarlo junto a otros ex agentes en el plan “control de bajas”.
Únicamente agregaremos que, en recientes investigaciones, se vincula a Eugenio Berrios con el narcotráfico, con peruanos ex agentes de inteligencia militar, chilenos prestamistas y militares.
Berríos pertenecía a una potente red de tráfico de cocaína que abastecía de drogas a Australia y Europa. Más de una vez se reunió en Argentina y Montevideo con sus socios narcotraficantes, todo esto mientras estaba bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya bajo dictadura.
En 1991 el juez chileno Adolfo Bañados dictó orden de prisión contra Berrios y ahí se enteró de que éste había escapado. Bañados desconocía que un actuario de su juzgado fotocopiaba todos los decretos y escritos del expediente para informar al general chileno Fernando Torres Silva que llevaba adelante una operación de inteligencia para obstaculizar el proceso judicial.
Junto a Berrios se daría a la fuga, entre otros, el capitán Luis Sanhueza, que se supone que estuvo junto a Berrios retenido en Parque del Plata y logró escapar definitivamente.
El 10 de septiembre la DINE elabora el plan de secuestro de Berrios; convencieron a Berrios del apoyo operativo de la Dirección de Inteligencia para su fuga y hasta le proporcionaron documentación a nombre de Manuel Antonio Morales Jara para ingresar a Uruguay.
El 26 de octubre, luego de varias recorridas en el subterráneo mundo de la inteligencia militar, llega a Buenos Aires y, el 29, en barco a Colonia para seguir viaje a Montevideo, donde lo esperan el chileno Carlos Herrera (mayor del Ejército chileno acusado de asesinar a un dirigente sindical) y el teniente coronel uruguayo Tomás Casella.
Casella tenía muchísimas amistades en Chile, donde había realizado el curso de paracaidista y será una persona clave en hacer de “baqueano” a los militares chilenos, incluido el mismísimo comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet.
La primera residencia de Berrios y los que finalmente no sabía serían sus ejecutores, fue un apartamento de la Rambla República de Perú N°815. La comunicación telefónica era tan fluida que la dueña del apartamento testificó haber recibido un cheque por 1.500 dólares que le dio Tomás Casella.
Los militares uruguayos apagaron “varios incendios” entre los agentes chilenos, pero el plan original debió ser modificado cuando, en un viaje a Buenos Aires, Herrera es detenido; fue un 18 de enero de 1992.
En febrero de 1992 y ya con el nuevo plan en marcha, Berrios es llevado a un apartamento de la calle Buxareo N°117, en una primera estadía que duró cerca de 10 meses.
En junio de ese año, los tenientes coroneles Tomas Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli del Ejército uruguayo viajaron a Chile, aunque es un enigma saber quién los convocó y para qué. Pero, según las investigaciones, retornaron el 4 de julio a Montevideo, para hacerse cargo junto a los militares chilenos de Berrios.
El año de las bombas
Mientras con Berrios ocurrían todos estos hechos, la interna del Ejército uruguayo estaba densa; viejos oficiales de la Logia Teniente de Artigas le habían declarado “la guerra” al Comandante en Jefe Juan Rebollo por entender que de alguna manera, a pesar de ser designado como hombre de confianza del Partido Nacional, seguía la línea impulsada desde Estados Unidos de reducción de las Fuerzas Armadas para pasar a crear una Guardia Nacional.
El gobierno de Julio María Sanguinetti ya las había reducido en cerca de 5 mil efectivos. Fue por eso que la “Guardia de Artigas” estrenó en abril de 1992 su actividad colocando una bomba en su estudio jurídico.
Este grupo de militares de discurso nacionalista y antimarxista (de allí los dos atentados, uno con bomba al auto de Hugo Cores) operó durante una compleja situación interna dentro del ejército, con un sistema político indiferente y en buena parte reticente a meterse en esos asuntos, hasta que los escándalos no se pudieron ocultar. Como por ejemplo, las escuchas telefónicas del general de Inteligencia Mario Aguerrondo a Fernán Amado, que le costó el puesto de ministro de Defensa a Mariano Brito.
Uno de los supuestos integrantes de la “Guardia de Artigas” era Tomás Casella.
Mientras algunas bombas todavía resonaban en la vuelta, Berrios seguía bajo sus captores, hasta que un noviembre se les voló.
¿Hasta dónde las bombas fueron una expresión de oficiales del ejército en guerra con Rebollo y la clase política, o hasta donde fue una maniobra de distracción para quitar la atención sobre la presencia de los militares chilenos?
La presencia de Casella en ambas situaciones genera muchas suspicacias.
La Cacería
El 15 de noviembre Berrios escapa de sus captores y pide auxilio en una casa vecina donde un ex oficial de la Armada lo lleva a la Seccional 24 de Parque del Plata; allí denunció ante el comisario Elbio Hernández Marrero cómo había ingresado con documentos falsos al país y que Pinochet había ordenado su muerte.
No demoraron mucho en llegar al despacho del asombrado comisario, el teniente coronel Casella, que exigió la entrega de Berrios. Como este dudaba en hacerlo, una serie de llamadas hizo llegar más personal, entre ellos el de Héctor Lluis, segundo de Aguerrondo en Inteligencia, y Gilberto Vázquez.
El comisario entrega a Berrios a cuenta de que, como Casella aduce que está pasando por un desequilibrio emocional, sea visto en el policlínico de Parque del Plata. Pero el médico que lo atiende certifica que Berrios está en sus cabales; sin embargo el comisario Hernández recibe órdenes superiores de entregar a quien, ahora sabe, es un prisionero. Y lo entrega.
Abuso de confianza
Si la historia se repite una vez como comedia y otra como tragedia, este parece ser un caso.
Así como el actual presidente Lacalle con el caso Astesiano dice no estar al tanto de lo que su jefe de Seguridad hacía, Lacalle Herrera en su momento aseguró vivir en un total desconocimiento de los hechos.
Ni el ministro de Defensa Mariano Brito, ni del interior Juan Andrés Ramírez, ni el Jefe de Inteligencia Mario Aguerrondo, dice Lacalle, le informaron nada. Pero, de ser así (institucionalmente de una gravedad superior), era imposible que ellos no supieran.
La hoja de la denuncia en la comisaría desapareció al igual que la hoja en la policlínica; pero fue recién en junio de 1993 que lo de Berrios se supo, por unos policías que hicieron saber lo que estaba pasando a los legisladores nacionalistas Matilde Rodríguez Larreta y Jaime Trobo. Estos informan al ministro del Interior Juan Andrés Ramírez; Ramírez investiga y el ocultamiento de la información le cuesta el puesto al jefe de policía de Canelones, el coronel Ramón Rivas.
El Ministerio de Defensa inicia entonces una investigación administrativa sin mayores resultados conocidos.
Los servicios de Inteligencia se “fuman en pipa” al gobierno y al parlamento. El ministro de Relaciones Exteriores Sergio Abreu muestra un diario de Italia donde Berrios figura viviendo en aquel país, mientras otras fuentes gubernamentales lo ubican viviendo en México.
El 13 de abril de 1995 se encuentra el cadáver de Berrios enterrado con dos impactos de bala en el cráneo, en el Pinar.
En el 96 los tres militares uruguayos fueron extraditados a Chile en el marco de las investigaciones que llevó adelante la Justicia chilena.
El presidente Lacalle, cuando se destapa dos años antes el asunto Berrios, estaba de gira por Londres. A su regreso, destituye a Aguerrondo de su cargo en Inteligencia y da el tema por concluido como un problema de los chilenos; estamos en junio de 1993 pero, en febrero, estuvo Pinochet en Montevideo.
Los curiosos guevón
La prensa uruguaya recibe de SEPREDI (servicio de información de presidencia) la información de que, estando en conocimiento de la presencia en Montevideo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, general Augusto Pinochet, el presidente de la República Luis Alberto Lacalle no lo recibiría oficialmente.
No hay un solo elemento en el almanaque oficial uruguayo que ameritara la presencia del general y su estadía del 24 al 26 de febrero. Tampoco parece responder a unas vacaciones marciales.
El anuncio fue celebrado por todo el espectro político uruguayo, porque su presidente daba una fuerte señal al sistema democrático.
De todas maneras, lo que ahora puede interpretarse como una acción de propaganda, dio resultado: la única actividad pública que realizó Pinochet fue un encuentro en el Hotel Victoria Plaza con su viejo amigo, Juan María Bordaberry.
Pero Pinochet había ingresado a Montevideo vía terrestre teniendo como edecán al teniente coronel Tomás Casella el 24 de febrero de 1993. ¿Fue el ministro de Defensa Mariano Brito o el comandante en jefe del Ejército Juan Rebollo quien autorizó a Casella como edecán de Pinochet?
El anuncio de que no sería recibido por Lacalle, principal tema de atención de la prensa, le dio a Pinochet, que estuvo en Punta del Este y Piriápolis, mayor libertad de movimiento, sobre todo para “retar” la inoperancia de los servicios uruguayos y chilenos que hacía menos de tres meses se habían dejado escapar a un prisionero dejando la operación al descubierto.
Pinochet, en febrero de 1993, ya estaba al tanto de que su orden de ejecutar a Berrios había sido cumplida, y de los ingentes esfuerzos de ciertos funcionarios en Uruguay para ocultar los sucesos de noviembre de 1992, que involucraban al jefe de policía de Canelones y autoridades de Salud Pública.
¿La contención del escándalo político que se podía desatar si se filtraba esa información fue lo que Pinochet fue a negociar una de esas noches de febrero con Luis Alberto Lacalle Herrera, en las viviendas militares del balneario Santa Teresa en Rocha?
El Cóndor y el Águila
Hay quienes sostienen que lo de Berrios fue un ejemplo de los últimos estertores del Plan Cóndor, la coordinación de las fuerzas represivas en el cono sur; sin dudas que estos elementos estuvieron presentes pero, a veces, el simple conocimiento y confianza nacida al calor de cursos de instrucción militar, alcanza para compartir “aventuras”, sobre todo cuando, en el caso Berrios, está por saberse de dineros del narcotráfico que podía haber obtenido, siendo un botín a rescatar.
De lo que no cabe dudas es que quien había levantado vuelo era el águila blanca (aunque sus tradiciones no son Saravistas) de Lacalle Herrera.
Desde 1992, por disposición del ministro del Interior Juan Andrés Ramírez, se siguieron los pasos de la actividad de un grupo de ciudadanos españoles de origen vasco, sospechosos de pertenecer al grupo terrorista ETA, que operaban el restaurante "La Trainera". El 15 de mayo de 1992 se puso en marcha el "Operativo Duque", encabezado por el inspector principal Saúl Clavería, que detuvo en Uruguay a unas 30 personas.
Resulta paradójico que los servicios de inteligencia y Lacalle, que negoció la adquisición de unos patrulleros con el gobierno español, no supieran lo de Berrios. Quizás los celos entre la inteligencia policial y la militar favorecieron el supuesto desconocimiento.
En tren de suspicacias, en diciembre del 2021, Luis Alberto Lacalle participó en una cumbre de políticos de derecha y extrema derecha junto al candidato presidencial ultraderechista chileno, José Antonio Kast, un apologista y nostálgico del genocida Augusto Pinochet y descendiente de un soldado nazi.
Lacalle padece cierta adicción por la figura de los generalísimos.
Esto decía originalmente "que dineros del narcotráfico podía haber obtenido siendo un botín a rescatar". Espero haber comprendido bien el sentido en el cambio que hice.
