En el marco del acuerdo alcanzado con la fuerza política, Gómez ratificó su compromiso de devolver a la Junta Departamental los montos erogados para el pago de los salarios de Leiva desde su contratación en diciembre de 2025.
Las omisiones del proceso: el foco en la irregularidad administrativa y la falta de prevención
Pese a la severidad del fallo formal respecto a la figura de la contratación irregular —popularmente definida como la asignación de un «ñoqui»—, la resolución del Partido Nacional deja al descubierto notorias ausencias operativas e institucionales sobre el fondo del asunto.
El dictamen de la Comisión de Ética y la posterior ratificación del Directorio limitaron el pronunciamiento al uso indebido de partidas públicas por la falta de contraprestación laboral, omitiendo cualquier llamado de atención o advertencia explícita sobre la gravedad de haber incorporado a la nómina de asesores a una persona vinculada al crimen organizado.
El fallo no hace mención alguna a la exigencia de estándares rigurosos de idoneidad, controles preventivos o cautelas mínimas que los representantes partidarios deben aplicar al seleccionar a sus equipos de trabajo. La omisión resulta de particular relevancia dada la magnitud del caso, cuyas ramificaciones judiciales incluyen la investigación por presunto lavado de activos en un cambio vinculado a la familia del legislador Jorge Gandini —instancia en la que la Justicia determinará si existen o no responsabilidades de cualquier índole—.
De este modo, el proceso disciplinario partidario se abocó a la restitución del daño patrimonial y a la suspensión temporal del edil por la inasistencia del funcionario, pero pasa por alto una condena pública sobre los déficits de control que permitieron el ingreso de elementos vinculados al narcotráfico a las estructuras de asesoría política.
