De acuerdo a lo que se informó en 2001, este emprendimiento tendría un costo aproximado de 200 millones de dólares. Pero esta cifra ya aumentó en más de 40 por ciento, llegando hasta 290 millones.
Otro punto cuestionable es que el proyecto no tiene habilitación ambiental. En ese sentido, Movus afirma: "La discusión del tema se ha centrado en su legalidad, se habla incluso de la inconstitucionalidad del proyecto, y si operaría desde lo público o de lo privado. En ambos casos de hecho se acepta el proyecto, dejando de lado que el mismo no tiene estudio ni habilitación ambiental alguna".
Sigue el comunicado: "A la fecha no se ha ingresado al Ministerio de Ambiente ningún expediente en ese sentido. Cabe agregar que el propio estudio de factibilidad del proyecto Neptuno hecho por las empresas proponentes detecta 90 puntos de impacto ambiental, 25 de ellos con un impacto negativo significativo".
Ante este estado de cosas, Movus cuestiona que el ministro Peña haya afirmado que se defenderá el proyecto con "uñas y dientes".
El comunicado concluye: “La licitación previa genera un antecedente que, si tuviera que ser modificado por consideraciones ambientales, expone al estado a asumir mayores costos e incluso consecuencias legales, además de ser inconveniente para un país que se vanagloria de su seguridad jurídica y cuidado ambiental, puntos en que poco ayuda el firme posicionamiento previo, favorable al proyecto, del ministro de Ambiente”.
