Goteo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna
Para Tamara Zamudio, politóloga e integrante del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), esta medida no surge de la nada, sino que forma parte de un proceso creciente de involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas policiales.
“Desde 1997 las Fuerzas Armadas están presentes en la seguridad externa de las cárceles, y en 2018, bajo la gestión de Bonomi, se aprobó la ley que les asignó la vigilancia de la zona fronteriza en un radio de 20 kilómetros”, repasa Zamudio, quien además advierte que hoy existen propuestas regulatorias para duplicar ese radio a 40 kilómetros.
Sin embargo, tanto Zamudio como el abogado Rodrigo Rey coinciden en que la actual propuesta cruza la frontera del pasaje de perímetros controlados y despoblados al ámbito urbano densamente poblado.
En ese sentido se expresó esta semana la propia Embajada de Estados Unidos que emitió un comunicado y declaró que se necesita un permiso especial para utilizar estos vehículos donados están diseñados para situaciones bélicas, no para seguridad interna. El gobierno uruguayo debe gestionar la autorización expresa de Washington para poder reconvertir legalmente el uso de los Mamba hacia tareas de seguridad pública urbana.
Vacío legal
Uno de los puntos críticos de la iniciativa es su viabilidad jurídica. Según Rey, el marco normativo actual, incluyendo la Ley de Procedimiento Policial (N18.315) y la Ley Orgánica Policial (N19.315), no respaldan la utilización de infraestructura y personal de Defensa Nacional para tareas de seguridad ciudadana.
“Para hacer lo que pretende el ministro se necesita sí o sí un instrumento normativo, una ley específica”, afirmó Rodrigo. “Pretenden utilizar interpretaciones extensivas de las experiencias en cárceles o fronteras, pero se trata de situaciones excepcionales. Si lo hacen por decreto, para mí hay un vicio legal”.
El abogado destaca que la Ley de Procedimiento Policial regula minuciosamente desde el uso de las esposas hasta el armamento para asegurar la proporcionalidad de la fuerza. Introducir vehículos de guerra sin una discusión parlamentaria técnica y detallada sentaría, a su criterio, un precedente “muy malo y con una gran liviandad”. El abogado insistió en la falta de un marco legal porque las leyes actuales no regulan el uso de infraestructura militar en ciudades. Para Rey intentar implementarlo vía administrativa o por convenios elude un debate parlamentario necesario. Sostiene además, que aún no se ha justificado técnicamente por qué se requieren blindados pesados en el entramado urbano.
Estigmatización territorial
Desde la perspectiva de los derechos humanos, Zamudio alertó sobre el impacto real y simbólico que el patrullaje militarizado tiene sobre las poblaciones más vulnerables. La politóloga criticó el relato del combate al crimen organizado enfocado en las periferias empobrecidas.
“El crimen organizado tiene grandes poderes económicos y cúpulas que no viven ni transitan en estos territorios vulnerados. Sin embargo, estos vehículos militares y patrullajes no se harán presentes en los barrios ricos”, señala Zamudio.
Para Serpaj, la medida profundiza una lógica donde el Estado se desentiende de sus obligaciones de protección y desarrollo social, pero “se hace presente desde el ejercicio represivo”, recrudeciendo la violencia en comunidades que ya sufren múltiples exclusiones.
Además, Rodrigo desmitifica el argumento oficial de que hay zonas donde “la policía no puede entrar”: “Cualquiera que diga eso desconoce profundamente el funcionamiento policial. La policía entra profesionalmente a cualquier barrio. Eso es un titular de sobremesa, no la realidad”.
Viraje punitivo del Frente Amplio
Zamudio analiza el fenómeno como parte del “viraje” de los progresismos latinoamericanos hacia discursos punitivos tradicionales como la “guerra contra las drogas” (instalada por EE.UU. en los años 80) debido a las presiones de la opinión pública, donde la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los uruguayos.
“No es casual que el presidente Orsi haya hecho referencia en entrevistas a la figura de Nayib Bukele, buscando sintonizar con los altos niveles de aprobación que esa imagen represiva tiene en la ciudadanía”, explica la politóloga.
Por otra parte, en relación al plebiscito de 2019, la ciudadanía rechazó en las urnas la reforma constitucional "Vivir sin Miedo", que proponía la creación de una Guardia Nacional militarizada dotada de 2 mil hombres.
Tanto Zamudio como Rodrigo advierten que, de forma “oblicua”, el sistema político ha ido implementando los puntos de aquella reforma (aumento de penas, discusión de allanamientos nocturnos) a pesar del pronunciamiento popular. "Esto abre la puerta a que mañana venga un gobierno de un signo más radical y, utilizando esta misma normativa de excepción, profundice la militarización de la sociedad", concluye Zamudio con preocupación.
