Y agregó: "Las mujeres embarazadas pobres no pueden tomar esta decisión, la vulneración socioeconómica les limita esa posibilidad, que es para aquellas que pueden pagarlo".
Profundizando en el tema, Cardozo explicó que durante el embarazo, "en medicina, evitamos indicarle medicación o el consumo de muchas cosas por potencial de riesgo para el embarazo o simplemente por la falta de existencia de evidencia que afirme que no hay riesgo".
"Tenemos que estar a la altura de tomar medidas que protejan a la población de los daños que pueda traer tomar el agua de OSE especialmente a quienes están más en situación de mayor vulneración", agregó.
La directora de Salud y médica de Familia, hizo hincapié en que "en salud pública, se aplica el principio precautorio: cuando una actividad representa amenaza o un daño para la salud humana hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente".
Por lo tanto, "desviar la atención de este foco es evitar discutir la responsabilidad de Estado de realizar acciones que protejan a las personas del daño que pueda causar la crisis hídrica y es evitar hablar de la injusticia social de que, quienes son embarazadas pobres tengan que consumir agua de la canilla que ninguno de los que podemos pagar agua embotellada consumiríamos".
Por todo ello, "la Intendencia de Montevideo seguirá tomando todas las medidas que estén a su alcance para cuidar a la población hoy, en el contexto de incertidumbre de los tiempos que vivimos, porque mañana puede ser muy tarde", concluyó.
