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Este miércoles se lleva a cabo la interpelación al ministro Fratti por María Dolores

El debate en el Senado se centrará en la legalidad de la compra de la estancia. El senador Sebastián Da Silva será el miembro interpelante.

Este miércoles se llevará a cabo la primera interpelación en lo que va de la administración del presidente Yamandú Orsi. La compra del campo María Dolores, que costó al Instituto Nacional de Colonización unos US$ 32,5 millones, fue uno de los temas con que la oposición —particularmente los partidos Nacional y Colorado— cuestionó con más dureza al flamante gobierno en estos primeros meses de mandato.

Las críticas comenzaron en cuanto se anunció su adquisición, al mediodía del 13 de mayo, durante el funeral del expresdiente José Mujica. El asunto se mantuvo en agenda prácticamente sin respiro durante tres meses y este miércoles, el senador nacionalista Sebastián Da Silva llevará adelante la primera interpelación del período al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Lo que es seguro, da por sentado el senador Sebastián Da Silva, es que será una "interpelación dura", que apuntará a cuestionar en todos los aspectos "la primera inversión grande que hace el gobierno". "En los inicios esto arranca como el Antel Arena, y al final también: es un Antel Arena, nada más que rural", ironizó el interpelante.

Fratti dijo por su parte que se atendrá a responder las preguntas que le formule el nacionalista, y se mostró tranquilo ante una instancia que imagina exactamente igual a la que tuvo a inicios de junio en comisión: "Trataré de contestar lo que me pregunten sobre el tema y punto", sostuvo.

La legalidad estará arriba de la mesa

La idea de los blancos es que la interpelación se centre en lo que consideran lo medular, aseguraron legisladores nacionalistas, y esto es "la legalidad de la compra", un cuestionamiento que será planteado y desarrollado por el senador Pedro Bordaberry. Ese es el acuerdo en la coalición republicana, ya que el dirigente colorado fue quien llevó adelante la argumentación jurídica del caso.

Por el contrario, la coalición de izquierda fundamentará la legalidad de la compra. A favor de esta postura, además, el propio INC cuenta con al menos dos informes jurídicos que habían sido solicitados en las últimas semanas —uno de la propia sala de abogados y otro de la Universidad Claeh— que sostienen que la enajenación se realizó mediante el ejercicio del derecho de preferencia previsto en el artículo 35 de la Ley 11.049, por lo que no se trató de una “compra directa” y por lo tanto no hacía falta que el directorio del instituto se manifestara con una mayoría especial.

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