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Junta de Maldonado: Fiscal Vaz considera que "podrían surgir nuevos delitos y más ediles imputados"

El fiscal Vaz dijo que de la investigación que realiza sobre ediles de la Junta Departamental de Maldonado podrían surgir nuevos hechos delictivos.

El juez Juan Manuel Cabrera accedió ayer a todas las solicitudes realizadas por el fiscal Jorge Vaz en relación a José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexander Infante, los tres ediles blancos de Maldonado formalizados por el delito de fraude.

Primero extendió por un año el plazo para la investigación que realiza la fiscalía; también extendió por 90 días las medidas cautelares sobre los tres acusados y finalmente accedió a enviar un exhorto al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para que en un plazo no mayor a 20 días envíe una copia autenticada del expediente electrónico de la auditoría sobre la administración de la Junta Departamental solicitada por el fiscal hace casi un año. Con ello se pretende conocer las razones de la demora para recibir los resultados.

Vaz explicó que esa auditoría es “imprescindible como probatoria para una acusación con solidez técnica”. Agregó que la investigación se encuentra enlentecida “por causas exclusivamente atribuibles a los tiempos internos de ese organismo de contralor”. A la vez advirtió que de esa auditoría “podrían surgir nuevos delitos, otros hechos delictivos y más ediles imputados”.

“Las situaciones que a nuestro juicio existieron en esta investigación también permiten la plausibilidad de que exista otro tipo de irregularidades, dada la falta total de controles que existía en la Junta Departamental, a nuestro entender, y que es lo que surge de la investigación. Por eso fue que se solicitó esta auditoría”, afirmó Vaz.

El fiscal refiere a la segunda investigación que desde hace un año lleva adelante sobre los ediles de Maldonado referida al “presunto” cobro de partidas de dinero mensuales como sueldo encubierto.

Ayer informamos que el TCR dictaminó que esas partidas tienen un objetivo remuneratorio y por lo tanto son violatorias de la Constitución. La fiscalía pretende probar otros delitos cometidos por los ediles en relación a esos pagos y cobros.

La defensa de Infante se opuso a todas las solicitudes fiscales

La abogada Susana Soto, defensora de Darwin Correa, y el abogado Fernando Posadas, defensor de José Luis Sánchez, no opusieron reparos a las extensiones solicitadas por Vaz.

En cambio los abogados Federico Graña y Nicolás Pereira, defensores de Alexander Infante, expresaron su desacuerdo y oposición a las extensiones de los plazos tanto de la investigación como de las medidas cautelares sobre su defendido.

Finalmente el juez no hizo a lugar y aceptó todas las solicitudes de la fiscalía.

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