Para continuar, hacete socio de {}. Si ya formas parte de la comunidad, .
{# Opciones de Suscripción #} {# DESCOMENTAR AL IMPLEMENTAR: #} {# {% for n, m in this.getPaywallPlans('thinkindot', 'plans') %} {% if (m.tab == "all" or m.tab == "mensual") %} #}{{m.shortDescription}}
En las últimas horas surgió una noticia que llamó poderosamente la atención. El semanario Brecha y Caras y Caretas informaron que la ministra de Economía y Finanzas exoneró a una empresa donde su esposo es el gerente general.
Conocida la noticia, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) cursó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas, luego de que se informara que la ministra Azucena Arbeleche firmó una resolución de promoción de inversiones que brindó exoneraciones impositivas a la empresa Lanafil SA.
El gerente general de dicha empresa dedica a la venta de productos fitosanitarios y fertilizantes es Juan Alzugaray, esposo de Arbeleche.
En el documento, se solicita saber si el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue informado sobre “la existencia del conflicto entre el interés público y el interés personal” de la ministra, y si la jerarca pidió ser excusada de firmar la resolución que autorizó la exoneración impositiva.
En caso de que la respuesta sea afirmativa, la bancada del FA pidió se agregue en el informe la nota que fue dirigida a Luis Lacalle Pou, y en caso de existir, la respuesta del primer mandatario.
En el relato de los hechos, los senadores frenteamplistas detallaron que las exoneraciones impositivas fueron otorgadas “para una obra civil y para la adquisición de equipamientos y vehículos por un monto de 7.049.465 Unidades Indexadas (alrededor de US$ 1 millón)”.
Finalmente, la bancada del FA afirma que el artículo 31 de la ley prohíbe “a los funcionarios públicos de ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentre vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”.
Ante esta situación, la bancada opositora señaló que se podría estar “ante la vulneración de varias de las disposiciones del Código de Ética en la Función Pública (ley 19.823)”, en particular del artículo 19.