En 2018, el tribunal encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios para incriminar a Cepeda, lo que llevó a su condena a arresto domiciliario en 2020, momento en el que renunció a su puesto como senador. Finalmente, el año pasado, el exmandatario fue llamado a juicio, sumándose a los cargos de soborno a testigos y fraude procesal, un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso ha estado bajo constante riesgo de prescripción.
Pruebas y defensa
Durante las audiencias, se presentaron una gran cantidad de pruebas, incluyendo interceptaciones, documentos, videos y declaraciones. Participaron más de 35 testigos de la Fiscalía y aproximadamente 40 de la defensa.
Jaime Granados, uno de los abogados de Uribe, ha afirmado que su defendido no irá a la cárcel independientemente del resultado del dictamen, alegando la falta de pruebas y testigos que sustenten los cargos en su contra. Además, ha señalado que si no se emite un fallo en segunda instancia antes de octubre, el caso prescribirá y se cerrará sin condena.
Repercusiones políticas
Expertos resaltan la importancia de esta causa no solo por la decisión que se tome, sino también por el efecto político que pueda generar en Colombia. La imagen de Álvaro Uribe, figura relevante en la derecha del país, se ha visto debilitada, lo que se espera que tenga un impacto en la próxima contienda electoral.
Tras la lectura del sentido del fallo, la juez permitirá a la Fiscalía, las víctimas y la defensa discutir sobre la posible pena que podría recibir el expresidente. Una vez emitida la sentencia completa, las partes tendrán un plazo de cinco días para apelarla.
(Con información de RT)
