Por otro lado, los familiares recordaron que una de las hermanas de Penadés fue denunciada por un supuesto intento de homicidio, causa que finalmente fue archivada. Según la familia, la denuncia tenía como fin "filtrar su nombre a la prensa" cuando ni siquiera existía una imputación formal.
También señalaron como "preocupantes" algunas expresiones atribuidas a la abogada del consultorio jurídico de la Udelar, Soledad Suárez, a quien acusaron de actuar con tono intimidatorio y de haber sido denunciada por una de las propias víctimas del caso, que también apuntó a la fiscal Alicia Ghione. De acuerdo al testimonio citado por la familia, ambas habrían “adoctrinado” a los denunciantes y los habrían amenazado para que se presentaran a declarar.
En el mismo sentido, manifestaron reparos respecto al accionar del abogado Williman, a quien acusaron de haber depositado dinero de indemnizaciones de la causa en su cuenta personal para luego distribuirlo entre los denunciantes.
La carta finaliza con un llamado a que el proceso judicial avance con imparcialidad: “Solo esperamos un proceso justo, cuidado, objetivo y transparente, en el que se respeten todos los derechos. Que el principio de inocencia vuelva a ser moneda corriente de nuestro país, y el linchamiento y escarnio vuelva a quedar en épocas pasadas de la historia”.