Lacalle Pou podría comparecer a través de un escrito o recibiendo al equipo fiscal, tal como lo hizo con la exfiscal Gabriela Fossati, quien investigó el caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano.
Los mensajes demuestran que las autoridades estaban al tanto de que Marset era un peligroso narcotraficante cuando decidieron otorgarle un pasaporte oficial, que le permitió salir de la cárcel en Emiratos Árabes Unidos e iniciar su periplo de fuga de la Justicia.
Marset, buscado por varios países, es acusado de haber encargado el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, suscitado en Cartagena de Indias, norte de Colombia, en mayo de 2022.
Por su parte el gobierno argumenta que la emisión del pasaporte es legal, pero no han sido despejadas las dudas sobre el procedimiento, en el que el abogado de Marset tuvo comunicación con Ache y otros altos funcionarios.
En rueda de prensa, el presidente uruguayo reconoció haber sido el organizador de una reunión en la que los funcionarios se pusieron de acuerdo sobre qué hacer con las conversaciones que se debían enviar a la justicia.
Sobre su participación en la reunión, Lacalle Pou dijo que tan solo pasó "a saludar" a los presentes y afirmó no haber sido parte del cónclave.
También minimizó la destrucción de documentación, diciendo que no era un expediente, sino una hoja "protocolizada por un escribano".
El presidente aseguró que ninguno de los funcionarios hizo nada ilegal, pero que será la justicia la que lo determine.
