Carrera afirmó en una entrevista en febrero de este año a Caras y Caretas, que con esta demanda el Frente Amplio demostró que las autoridades “cometieron ilícitos” que los terminarán pagando todos los uruguayos.
“Queda demostrado el actuar ilegítimo de estas autoridades, si hubieran consultado, hablado, averiguado, dado participación a los diferentes departamentos jurídicos, en realidad no se podría haber firmado este acuerdo ilegítimo. (…) Acá se cometieron ilícitos. No tenemos duda de calificarlo así y lo hacemos con una tranquilidad absoluta”, agregó.
La argumentación de Carrera se basa en el plan de negocios que la empresa presentó en 2001, en el cual reconoce que en el puerto rige la libre competencia y que competirá con el muelle público y posiblemente con otro muelle especializado. Este documento echaría por tierra el argumento central del gobierno para suscribir el acuerdo con la firma belga.
Carrera, quien además es abogado, explicó que se le otorgó a Katoen Natie Group un beneficio “indebido” de más de 1.000 millones de dólares, lo que implica un “impacto económico real” en el bolsillo de los uruguayos.
“Yo sé que este es un tema difícil de entender, porque quizás muchos no entiendan la magnitud de la importancia del puerto en el desarrollo económico de nuestro país. Lo que tenemos claro es que el puerto tiene una gran magnitud en el desarrollo económico, todo lo que vendemos y compramos pasa por el puerto. Acá se le otorgó un monopolio privado, violentado todo el rodamiento jurídico, que es desregulado, por lo que el Estado no tiene facultades regulatorias, por lo que ese precio, que va a poder establecer libremente este privado, nos va a impactar en los bolsillos de los uruguayos cada vez que vayamos a comprar un paquete de fideos, yerba, electrodomésticos, vestimenta, nos va a impactar a todos”, explicó.
