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Política

Investigación del MSP revela obstáculos y deudas en atención a víctimas de la dictadura

El MSP ha decidido iniciar una investigación administrativa con el objetivo de aclarar las demoras en la atención sanitaria prevista por la ley 18.596.

24 de mayo de 2026 - 14:44

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha decidido iniciar una investigación administrativa con el objetivo de aclarar las demoras en la atención sanitaria prevista por la ley 18.596. Esta norma, aprobada durante la primera administración del Frente Amplio, garantiza reparación a las víctimas de acciones ilegítimas del Estado entre 1968 y 1985, al final de la dictadura.

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Obstáculos

La decisión, firmada por el director general de Secretaría, Rodrigo Márquez, destaca que durante el gobierno anterior los beneficiarios enfrentaron obstáculos para acceder a estos servicios. La ley otorga prestaciones médicas gratuitas y de por vida a quienes estuvieron detenidos más de seis meses sin ser procesados, a los que sí fueron procesados, a quienes sufrieron lesiones gravísimas como consecuencia, y a niños secuestrados o cautivos junto a sus padres en ese período. También contempla atención psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica a solicitud del interesado.

La pesquisa también revisa un pedido del exdirector general de Secretaría del MSP, Gustavo Cardoso, a fines de 2023, para obtener el listado de personas amparadas por leyes reparatorias vinculadas (la 18.033 del Ministerio de Trabajo y la 18.596 del Ministerio de Educación y Cultura).

Cardoso, coronel retirado y miembro de Cabildo Abierto, impulsó en enero de 2025 un expediente en el Banco de Previsión Social (BPS) que hizo público el contenido con los datos de los beneficiarios. La actual administración ha restringido nuevamente el acceso a esa información personal y exige al BPS explicar los fundamentos jurídicos que llevaron a entregar esos datos al MSP.

Por otra parte, la cartera solicitó al Ministerio de Economía un crédito de unos 17 millones de pesos (casi un millón de dólares) para saldar facturas pendientes, según informó la comisión especial que vigila el cumplimiento de la ley en el MEC.

La deuda se divide en partes iguales entre el Casmu por un convenio de salud mental vigente desde 2023 y otros proveedores ópticos. La investigación surge a raíz de un reclamo de la Asociación de Ex Presos Políticos (Crysol), que denunció trabas durante el período anterior para acceder a las prestaciones gratuitas.

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