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Este brutal crimen con todas las características de un asesinato político vino a recordarnos que la pedagogía del terror sigue presente en el accionar de las estructuras criminales.
El ataque armado en contra del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en el que también fue asesinado el deportista Gustavo Aguilar Gamarro nos devolvió en instantes a los años más oscuros de nuestro país.
Un abrazo apretado a su mamá, Silvia Solórzano, a sus hijos y a las dos familias. No hay palabras que alcancen para manifestarles el profundo pesar por lo ocurrido y nada que se pueda decir que alivie la pena que les embarga. Para la familia Foppa, una pérdida más en esa larga lista de dolores que les ha tocado enfrentar desde la desaparición forzada de Alaíde y los asesinatos y desapariciones de otros de sus seres queridos, comprometidos como Juan Francisco, en transformar Guatemala.
Este brutal crimen con todas las características de un asesinato político vino a recordarnos que la pedagogía del terror sigue presente en el accionar de las estructuras criminales, sobre todo de aquellas que devienen de los llamados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) que, tras la firma de la paz, mutaron, se diversificaron y continúan operando como redes político-económicas ilícitas (RPEI) con vínculos en la institucionalidad estatal, los partidos políticos, el ámbito privado y las estructuras del crimen organizado. Esas que Foppa investigó y persiguió desde el Ministerio Público (MP), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y continuó denunciando como jurista, político y analista.
Como en los asesinatos de la antropóloga Myrna Mack Chang (1990) y del obispo Juan José Gerardi Conedera (1998), desde el primer momento empezaron a evidenciarse patrones utilizados por redes de inteligencia criminal, como las denominan quienes las han investigado. Un exfuncionario de la Fiscalía que tuvo participación en ambos casos me recordó ayer que en las ejecuciones de alto impacto social, como la de Foppa, “nada se deja al azar”.
El operativo evidencia la identificación del entorno y las debilidades de seguridad de la víctima, me explicó. Se pudo ver una coordinación entre los miembros del grupo criminal en tiempo real y se echó a andar, desde el primer momento de cometido el crimen, una estrategia de confusión y encubrimiento que ahora se facilita y amplifica por el alcance de las redes sociales. No estoy concluyendo nada, me dijo, pero es una de las líneas de investigación por las que hay que empezar.
La forma y el lugar en que se operó tienen una clara intencionalidad de infundir terror y enviar un mensaje a toda la sociedad. Un elemento a considerar —que no es menor— fue la captura e implantación de un arma a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, vinculados por la PNC al ataque, que luego fueron liberados por falta de mérito. ¿Fue, como ha ocurrido en otros muchos casos, una captura ilegal con implantación de prueba para “dar resultados” o hay una vinculación directa con la estructura que planificó el ataque?
Harta responsabilidad tienen en sus manos el fiscal general, Gabriel García Luna; el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el propio Bernardo Arévalo de llegar hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes ordenaron matar a Foppa, quiénes son sus cómplices y quiénes los sicarios que ejecutaron la orden. No olvidamos tampoco la masacre de vecinos en Huité, Zacapa, un hecho gravísimo que también deben esclarecer.
Duele mucho Guatemala. Encoge el corazón el atroz asesinato de Juan Francisco frente a su hijo de apenas 10 años, y aterra pensar que la violencia política pueda volver a instalarse en un país como el nuestro, que no ha terminado de cerrar esas heridas.
Por Marielos Monzón.
(Tomado de Prensa Libre)