La semana pasada, la Jutep resolvió intimarlo por las declaraciones juradas de su esposa. A esta, se suma esta nueva intimación.
“Luego de que se declare omiso se publica en la página de la Jutep y se comunica al organismo, en este caso al Parlamento”, explicó la semana pasada Di Longo.
La sanción prevista por la ley es que se retenga el 50% del salario del funcionario omiso.
Di Longo explicó que en este caso es el Parlamento (Poder Legislativo) el que debe hacer efectiva la sanción y retener el 50% del salario que Sartori tiene como senador.
El argumento de Sartori es que las empresas que no declaró explícitamente están dentro de su holding -una especie de “paraguas” usado por los empresarios para controlar la mayoría de las acciones de varias empresas-, el que sí declaró. El problema, explicó Di Longo, es que “a partir de 2020, cuando comenzó a regir la Ley 19.797”, que modificó el régimen de presentación de declaraciones juradas, “se eliminó la palabra holding” por lo que el legislador tendría que presentar estas empresas por separado.