La activista relató que, en su caso personal, el impulso para involucrarse estuvo vinculado a la memoria familiar. Recordó que parte de sus familiares murieron en los guetos y campos de exterminio nazis y señaló que esa experiencia histórica la llevó a asumir que la consigna “Nunca Más” debe aplicarse a todos los pueblos, sin excepciones.
“Esto no puede volver a pasar para ningún pueblo”, expresó.
Campaña de Israel
Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo relacionado con lo que Wodzislawski considera una campaña para presentar cualquier cuestionamiento a las acciones del Estado de Israel como una manifestación de odio hacia los judíos.
A su juicio, se trata de una estrategia impulsada por sectores de derecha y ultraderecha que busca desacreditar a quienes denuncian las consecuencias de la ofensiva militar israelí en Gaza.
“Pretende criminalizar la crítica al Estado de Israel y al gobierno de Israel”, afirmó.
La integrante de Judíos contra el Genocidio sostuvo que el crecimiento de las críticas hacia el accionar israelí no responde a un aumento del antisemitismo, sino a una reacción frente a la magnitud de la tragedia humanitaria que se vive en los territorios palestinos.
Según su visión, organizaciones sociales, movimientos populares, sindicatos, académicos e integrantes de la izquierda internacional han intensificado sus cuestionamientos debido a razones humanitarias y políticas, vinculadas a valores como la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos.
Por eso rechaza que esas expresiones sean interpretadas como ataques contra la comunidad judía.
La definición de la IHRA en el centro del debate
Wodzislawski identificó como uno de los principales instrumentos de esta estrategia a la definición de antisemitismo promovida por la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, por sus siglas en inglés).
Según explicó, uno de los ejemplos incluidos en esa definición asocia determinadas críticas al Estado de Israel con expresiones antisemitas.
Para la entrevistada, ese criterio genera un problema conceptual y político porque Israel se define a sí mismo como un Estado judío. De ese modo, argumentó, cuestionar determinadas políticas gubernamentales puede terminar siendo interpretado como un ataque a los judíos en general.
A partir de esa definición, aseguró, se han impulsado iniciativas legislativas, grupos de trabajo institucionales y diversas acciones orientadas a sancionar o restringir determinados discursos críticos.
“Ese es el arma legal que utilizan”, sostuvo.
Preocupan iniciativas en Uruguay
La activista expresó su inquietud por distintas señales que observa en Uruguay. Entre ellas mencionó proyectos para incorporar la definición de la IHRA en ámbitos institucionales y propuestas que, según su interpretación, podrían abrir la puerta a sanciones contra quienes cuestionen al gobierno israelí.
También cuestionó la creación de espacios de discusión sobre antisemitismo que, a su entender, parten de diagnósticos equivocados respecto a la realidad nacional.
Wodzislawski afirmó que existe una tendencia a presentar como evidencia de un supuesto crecimiento del antisemitismo situaciones ocurridas años atrás o episodios que, en su opinión, son utilizados fuera de contexto.
Frente a ese escenario, informó que el colectivo ha mantenido reuniones con legisladores del Frente Amplio y que busca dialogar con distintos actores políticos e institucionales para plantear sus preocupaciones.
El objetivo, señaló, es evitar que se adopten definiciones o marcos normativos que puedan afectar la libertad de crítica y de debate sobre la política israelí.
Una ley contra la discriminación
Otro de los argumentos planteados por Wodzislawski es que Uruguay ya cuenta con herramientas jurídicas suficientes para combatir cualquier forma de discriminación religiosa o étnica.
En ese sentido, recordó la vigencia de la Ley 17.817, orientada a combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.
A su entender, esa normativa permite actuar frente a hechos de odio contra la comunidad judía sin necesidad de incorporar nuevas definiciones que podrían tener efectos restrictivos sobre la libertad de expresión.
La entrevistada reconoció que la discriminación contra los judíos existe y que ella misma la ha experimentado. Sin embargo, sostuvo que combatir esos fenómenos no debe confundirse con impedir cuestionamientos políticos a un Estado o a un gobierno.
“Si alguien ejerciera discriminación contra mí por ser judía, haría la denuncia en base a esa ley”, señaló.
Un debate que trasciende fronteras
Durante la entrevista, Wodzislawski afirmó que procesos similares se observan en distintos países de América Latina y Europa, donde activistas, dirigentes sociales, académicos e incluso ciudadanos judíos han enfrentado denuncias o sanciones por sus posiciones respecto a Palestina.
Por eso considera que la discusión excede ampliamente el conflicto de Medio Oriente y se vincula con cuestiones más amplias relacionadas con los derechos democráticos y la libertad de expresión.
Desde esa perspectiva, el principal desafío consiste en diferenciar con claridad las expresiones de odio antijudío —que condena sin matices— de las críticas políticas dirigidas al gobierno israelí.
Para la integrante de Judíos contra el Genocidio, esa distinción resulta fundamental para evitar que la lucha legítima contra la discriminación sea utilizada como herramienta para limitar el debate público sobre uno de los conflictos más controvertidos de la actualidad.
