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La Comisión de Constitución y Legislación del Senado dio inicio al proceso de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, promovido por los ediles de la oposición en la capital.
Con los votos de la coalición de gobierno, los legisladores resolvieron darle vista a Cosse para que en un plazo de diez días hábiles, perentorios e improrrogables para que realice sus descargos.
Ante la decisión de la coalición de gobierno de avanzar en el proceso contra Cosse, el senador frenteamplista Mario Bergara afirmó que “el comienzo del juicio político es desajustado y un total exceso”. A través de Twitter, sostuvo que “promover el enfrentamiento como instrumento político no es sano para nuestra democracia. Las herramientas constitucionales deben ser utilizadas con criterio”.
En tanto, Enrique Rubio, senador del FA y miembro de la comisión, dijo que al oficialismo “se le hunde la boya en el plenario del Senado”, pero sostuvo que “mientras dure el proceso” habrá un “show político”. A su entender, se trata de “un absoluto disparate” que forma parte de “una movida política” contra Cosse “para ponerla en la picota durante un determinado período de tiempo”.
En declaraciones a La Diaria el legislador aseguró: “Esto está mal planteado desde el momento original, porque el motivo invocado no tiene sustento jurídicamente. O sea, que Cosse no concurría cuando era convocada y se hacía representar en la Junta Departamental, ese es un derecho que tienen todos los intendentes. Si vamos a generalizar esto habría juicios políticos en la mayor parte de las intendencias del país. Jurídicamente no tiene el menor sustento el planteo que hizo la minoría de la Junta Departamental”, manifestó Rubio.
En su fundamentación del juicio político, los ediles opositores aseguraron que Cosse “ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor, socavando la división de poderes y el sistema republicano de gobierno”.
Para que el juicio político culmine en la separación del cargo de Cosse, el artículo 102 de la Constitución establece que la sentencia debe ser aprobada por dos tercios de votos del total de componentes del Senado, por lo que sin los votos del Frente Amplio, no prosperará.