Una vez que la intendenta entregue sus descargos, la comisión volverá a sesionar y deberá resolver si da continuidad al trámite. Para que el juicio político culmine en la separación del cargo de Cosse, el artículo 102 de la Constitución establece que la sentencia del Senado debe ser aprobada por dos tercios de votos del total de componentes, por lo que sin los votos del Frente Amplio, no prosperará.
La solicitud de juicio político fue aprobada en octubre de 2022 por 13 votos de los ediles de la coalición de gobierno en la Junta Departamental de Montevideo, por la “sistemática falta de respuesta a los pedidos de informes”, según argumentaron.
Por su parte la jefa comunal asegura que no violó la Constitución puesto que respondió los pedidos de informes que se han elevado; además, sostuvo que siempre que se la citó se hizo representar por las jerarquías “más altas”. Constitucionalmente, Cosse no está obligada a comparecer.
“Lo importante es que la información que llevábamos era que teníamos 100% de los informes contestados. Los ediles no entraron a sala a escuchar la información, salvo dos ediles del Partido Colorado. O sea, no les interesa la información”, expresó.
“La Intendencia de Montevideo está en el ranking más alto de todas las intendencias de Uruguay en transparencia. Tenemos miles y miles de solicitudes de acceso a la información pública contestadas y, además, los pedidos de informes presentados por los legisladores que están contestados”, añadió, y afirmó que hay 98% de las solicitudes respondidas.
Para Cosse la posición “más madura” hubiese sido que los legisladores no dieran lugar al pedido. “No es la primera vez que me atacan”, indicó, y recordó los cuestionamientos durante su candidatura a la comuna y cuando fue precandidata presidencial.