“Es constitucional solicitar esa declaración jurada. Voy a decir una opinión y va a depender después de lo que decida el Directorio, pero el paso siguiente es solicitar la presentación”, dijo la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo y dejó abierta la posibilidad de que el legislador se exponga a una sanción.
"Puede tener consecuencias en términos de futuras postulaciones a cargos electivos. Si no cumple con la norma, ahí tendría un problema. De acuerdo a lo que surge de las disposiciones, generaría un impedimento. Habla de cargos electivos la norma", agregó la vocal de la Jutep, Ana María Ferraris Barrios.
"Yo planteé que en la intimación se incluyera también la intimación por la no presentación del balance de la empresa que declaró y la declaración de ingresos que nunca presentó, y que es la que justificaría el incremento patrimonial que surge de sus declaraciones juradas, eso no quedó aprobado", dijo la vocal. Indicó que el incremento patrimonial "anda en el entorno de los 39 millones de dólares, entre 2020 y 2022". Este punto se tratará la próxima semana, afirmó.
