Algunos de los énfasis que propone el programa del FA tienen que ver con convocar al Congreso Nacional de Educación, insistir con el crecimiento del presupuesto sobre una base del 6 % para la educación + el 1 % para investigación y desarrollo, asegurar la integralidad de la atención, cuidados y educación para las infancias y adolescencias, mejorar las infraestructuras edilicias de las instituciones educativas, fortalecer el sistema nacional de formación profesional, así como mejorar las condicione laborales, el salario y la carrera profesional de los y las docentes. Inclusión educativa, derechos humanos, Educación Sexual Integral, Educación Rural, educación artística, deporte, tecnología, lenguas, educación física, virtualidad, extensión del tiempo pedagógico, equipos multidisciplinarios, educación para personas adultas y en contextos de encierro, ampliación de la educación terciaria pública y cogobierno son algunas de las palabras destacadas a lo largo del capítulo de educación.
Para conocer cómo fue el proceso de discusión sobre las bases programáticas y cuáles son las prioridades del FA en materia de educación, Caras y Caretas dialogó con Pablo Caggiani, miembro de la Institución Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). El experto recordó que el debate llevó mucho tiempo, ya que inició hace un semestre en los comités de base, lo que “permitió que a lo largo y ancho del país las y los frenteamplistas colocaran sus énfasis de cara al Uruguay del futuro”. Además, valoró que, si bien las resoluciones finales sobre el programa no terminaron de ser redactadas, se alcanzó “una discusión muy fructífera” en la que varios temas complejos de resolver “llegaron a buen puerto gracias al espíritu constructivo de todas las compañeras y compañeros que participaron”.
Fuertes apuestas
Caggiani contó que presentaron unas 300 propuestas de modificación referidas a educación y deporte, de las cuales casi la mitad estaban unificadas con el documento inicial, y que estas fueron aprobadas por amplia mayoría. Entre los temas que generaron más debate mencionó el planteo de convocar un nuevo Congreso Nacional de Educación con carácter políticamente vinculante, con el objetivo de que la construcción de políticas educativas sea una política de Estado y no de acuerdos partidarios. El planteo acerca del carácter vinculante del Congreso se aprobó, pero teniendo en cuenta la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Por otro lado, se propuso revisar las exoneraciones tributarias para los centros de educación privados, idea que no prosperó.
Consultado sobre qué aspectos puntuales de la transformación pretende modificar el FA si llega al gobierno, el experto expresó: “La moción de acuerdo refiere a los cambios curriculares que se han desarrollado en este periodo. Lo que se plantea, básicamente, es dar lugar a la opinión de los actores de la sociedad, en el entendido de que los temas curriculares son de carácter democrático. Es decir, es lo que la sociedad entiende que los gurises deben aprender cuando pasan por el sistema educativo, por lo que la propuesta contempla una apertura a las voces de la sociedad, actores de lo educativo -tanto docentes como estudiantes-, así como de la Academia, que ya ha hecho observaciones respecto a la relevancia o no de algunas transformaciones”.
Por otro lado, el programa del FA plantea tener en cuenta las evaluaciones que se comenzarán a desarrollar sobre el funcionamiento de la reforma educativa “con el propósito de dar cuenta de la política educativa y la política curricular como una política de mediano plazo y no de un período de gobierno”.
Al evaluar el programa del FA en términos generales, destacó: “Es un programa que tiene como como base los desafíos que están planteados en la educación desde hace muchísimos años. Por tal motivo, por ejemplo, hay una apuesta muy fuerte a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia, infancias y adolescencias, en un Uruguay que todavía tiene más de la mitad de gurises que no participan en propuestas educativas, con un claro sesgo territorial y de inequidad”.
Como otras de las apuestas mencionó la extensión del tiempo pedagógico, “continuar con propuestas integrales que permitan a los gurises aprender las cuestiones que necesita una ciudadanía del siglo XXI”, así como “pensar muy fuertemente en desarrollo terciario, pero en todo el país y no centralizado en el área metropolitana”. Para ello, existen experiencias que han sido valoradas “muy positivamente”, como en el caso de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) o del proceso de centralización de la Universidad de la República (Udelar). Asimismo, el programa propone mejorar la presencia de la formación en educación en todo el país, en palabras de Caggiani, “avanzando hacia un espacio que también garantice el derecho a la educación en este tramo, lo que también redundará en efectos en otras líneas de políticas que se aprobaron programáticamente como, por ejemplo, el desarrollo del interior, generar más valor agregado”.
Otra de las propuestas que estuvo sobre la mesa durante la discusión del Congreso fue la de intentar desarticular las modificaciones en el área de educación que impuso la Ley de Urgente Consideración, iniciativa que llegó por parte de representantes de los comités de base. Sobre este planteo, Caggiani expresó: “Creo que el Congreso entendió sabiamente que las políticas educativas surgen del diálogo con los actores de nuestro país, es decir, docentes, estudiantes, familias, pero también con los actores del mundo productivo, religioso y todos los que construimos el nosotros. En ese sentido, enfatizó que hay una apuesta muy fuerte a convocar al Congreso Nacional de Educación para que las decisiones que se tomen allí, y en los diferentes ámbitos de participación, tengan peso a la hora de definir las políticas educativas”.
Sobre cuáles son los aspectos claves de la educación que fueron transformados por la reforma educativa y que el FA busca revertir, respondió: “Las bases programáticas no llegan al nivel de afinar el lápiz como lo hacen los planes de gobierno, pero lo que es muy claro es que el actual Gobierno tiene una perspectiva sobre el derecho a la educación sustantivamente diferente a la que tiene el Frente Amplio e incluso a la que tiene la mayoría de la población, motivo por el cual algunas de las propuestas que ha planteado no fueron respaldadas por la ciudadanía, o al menos así lo indican los estudios de opinión pública”.
Y añadió: “Si bien las bases programáticas no implican un escenario en el que se manifieste qué leyes se deben modificar, para retomar y defender algunos principios fundamentales que caracterizan al sistema educativo uruguayo, como por ejemplo los de autonomía y cogobierno -como en el caso de la Utec- o en lo referido a principios como la participación y la laicidad, probablemente se requieran algunas adecuaciones legales, que se evaluarán en diálogo con la sociedad”.
