Según publica este sábado La Diaria, en el decreto, Tonarelli determinó la fijación de domicilio y la presentación en la seccional una vez por semana, además del cierre de fronteras y entrega de pasaporte, tal como pidió el fiscal Rodríguez.
Para la fiscalía, el hecho de que hayan transcurrido más de 20 años de los delitos por los que se lo investiga y que esté sujeto a proceso en Uruguay -en una causa que está en manos de la jueza penal de 26º turno, Isaura Tórtora- fueron clave para descartar la prisión administrativa.
Ahora la Justicia paraguaya tiene un plazo de 40 días para presentar los papeles con los fundamentos del pedido de extradición, tal como establece el acuerdo de extradición entre los países miembros del Mercosur, ratificado por Uruguay en mayo de 2002.
El proceso del arresto preventivo, las comunicaciones con el estado requirente y la posibilidad de disponer medidas alternativas a la prisión administrativa están reguladas por el artículo 338 del Código de Proceso Penal.