La conexión paraguaya y la amenaza de muerte a los Leiva
Latorre fue condenado por tráfico ilícito de sustancias prohibidas en la modalidad de depósito y distribución agravado, tráfico interno de armas y municiones, receptación, y lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.
“Se dedicaría al almacenamiento de sustancias estupefacientes en su domicilio” y la posterior “distribución de esa sustancia en la ciudad de Montevideo a través de diversos vehículos, abasteciéndose en las playas de camiones mediante unidades provenientes de Paraguay”, señaló la Fiscalía a cargo de la fiscal Angelita Romano.
En la casa ubicada en la calle Dr. José María Penco 3520, en el barrio Brazo Oriental, hallaron 265 kg de droga: 141 kg de pasta base y 124 kg de cocaína.
El día anterior, los agentes registraron en video a Pablo Leiva recibiendo paquetes en su casa de quien, según la investigación, sería el distribuidor de drogas de las principales bandas del barrio Marconi, y también de Pérez Castellanos y Villa Española.
Los investigadores creían que lo que recepcionaba Leiva en su casa era droga, por lo que al entrar a lúgubre living de la casa ubicada en San Petersburgo 4386, en el barrio Pérez Castellanos, donde la Policía decomisó más $3 millones en cambio chico y U$S 42.564, además de municiones y una máquina para contar billetes.
Leiva fue imputado porque sabía que el dinero que depositaba en varios cambios de Montevideo provenía de la comercialización de droga boliviana proveniente de Paraguay e ingresada desde Argentina, y luego acopiada para la exportación y una parte para distribuir al mercado local.
El enlace con la organización paraguaya que se encargaba del traslado de la pasta base y cocaína boliviana, según los reportes policiales de la investigación, es Nicolás Suma, un experimentado delincuente uruguayo que, como tantos (como el “Betito” Suárez), pasó de los atracos de remesas en sociedad con Luis Alberto “El Negro” Lugo Antúnez, al negocio del narcotráfico, tras su paso por varias cárceles, muchas de las cuáles logró fugarse, como del Comcar en 2003, en el doble fondo de una camioneta y tras ser recluido en Santa Catarina (Brasil).
“Nico” Suma, con nexos en el Marconi, con el tiempo forjó vínculos con organizaciones regionales. Ahora es sindicado como uno de los responsables de grandes envíos de droga desde Paraguay hacia Uruguay en un esquema que estaría controlado por el Primer Comando de la Capital (PCC), organización brasileña que domina las fronteras guaraníes, y las desiertas y estratégicas haciendas de Alto Paraguay.
Otra filtración da cuenta que, en Bolivia, la estructura estaría controlada por una célula de la Oficina de Envigado (ex Cártel de Medellín), grupo que colaboró con el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci en Colombia y estaría enfrentado al también colombiano Clan del Golfo, en una disputa por las rutas que hasta hace poco dominaba Sebastián Marset, junto al PCC y productores locales.
La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía logró interceptar durante los últimos meses, varios cargamentos que, según los investigadores, estarían relacionados con esta estructura de narcotráfico internacional que tenía a Suma como nexo regional del condenado, Henry Latorre.
Durante el allanamiento a su casa, frente a la cámara GoPro del jefe del operativo, Leiva confesó que recibía instrucciones de un hombre llamado Andrés Zugarramurdi Techera, tesorero de Monex Servicios Financieros, que tiene su sucursal central en Montevideo, cuatro en Piriápolis y una en Las Piedras.
Según los investigadores de la Policía, esta sería la punta de un iceberg que, junto a las comunicaciones y anotaciones de Pablo Leiva en las tres cuadernolas, permitiría descubrir un (no tan) sofisticado mecanismo utilizado para introducir dinero negro del narcotráfico en el circuito financiero legal, sin despertar ninguna sospecha.
Como consecuencia de haber “quemado” a Zugarramurdi, Pablo Leiva habría sido amenazado durante los primeros días que estuvo recluido junto a Latorre y otro individuo en Cárcel Central, utilizando la vida de su hijo Lucio como elemento de intimidación.
“Una palabra más y Lucio va a aparecer colgado”, habría sido el mensaje enviado desde Paraguay a la cárcel donde se encuentra detenido según informó Preve. Leiva y Latorre fueron derivados en las últimas horas al Penal de Libertad.
Leiva y Latorre llegando al Penal de Libertad.
Eduardo Preve
Confesión de Leiva generó una nueva investigación sobre el Cambio Monex
Monex ya estuvo bajo la lupa de la Justicia hace 10 años por la Operación Jalisco, investigación que surgió tras la detención del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, uno de los principales miembros de Los Cuinis, organización de lavado de activos que operaba como brazo financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Valencia fue extraditado a Estados Unidos (EEUU) por delitos de narcotráfico en 2020, luego de cumplir pena en Uruguay por lavado de activos en diferentes modalidades: compra de inmuebles, autos, transferencias a estructuras offshore y mediante el cambio de divisas para las cuáles usaban sucursales de Monex en Piriápolis para lo cual el grupo contaba con la labor de un intermediario llamado Pedro Goicochea, que si bien hacía lo mismo que Pablo Leiva, quedó en libertad, al igual que la escribana Gianella Guarino (quien asistía a la operaciones creando sociedades offshore), el exfutbolista Marcelo Saralegui (que intermediaba para la compra de automóviles de alta gama) y el agente inmobiliario Alejandro Perazzo. Se estima que entre todas las operaciones lavaron más de 10 millones de dólares.
Goicochea y Saralegui también eran allegados y colaboraban con el mafioso calabrés Rocco Morabito, vecino de González Valencia en el barrio San Rafael de Punta del Este, que fue detenido en 2017 en un hotel de Montevideo (y fugado en 2019 de Cárcel Central) que al igual que el mexicano, fue defendido en primera instancia por los abogados penalistas Víctor Della Valle y Alejandro Balbi.
El allanamiento realizado en el domicilio de Leiva permitió incautar una importante cantidad de dinero en efectivo y otros elementos que serán clave para la investigación que llevará a cabo el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, que esta semana se reunió con los agentes policiales que hicieron un informe a partir de las comunicaciones telefónicas de Leiva y las anotaciones en los tres cuadernos que fueron encontrados en la sala donde Leiva contaba los billetes.
La documentación obtenida durante el allanamiento podría resultar fundamental para reconstruir la ruta financiera de un gigante esquema de lavado del narcotráfico en Uruguay través de un esquema de una veintena de cambios y locales de cobranza, en los que Leiva y, según la Policía, también su hijo Lucio, vicepresidente del Juventud Nacionalista (como otros lavadores de la red) blanqueaba de forma fraccionada y sistemática, unos 100 mil dólares por semana provenientes de las venta de pasta base y cocaína de la organización criminal, según informó el periodista Eduardo Preve en base a fuentes de la investigación.
Zugarramurdi era la persona que, presuntamente, mediante mensajes de WhatsApp, daba órdenes a Leiva por para blanquear el dinero proveniente de la venta de droga en varios cambios de la capital, entre ellos el Abitab 71/02 que está a nombre de la esposa de Jorge Gandini, la contadora Laura Scalabrino Muga.
Pistas sobre el esquema de lavado de Leiva y Zugarramurdi
En la conferencia de prensa que brindó Gandini, quien está involucrado casualmente en dos puntas de la investigación, se intentó desmarcar de la Leiva por lo menos de la parte política de la cuestión, pero reconoció que Leiva era un “conocido cliente” de la agencia de cobranzas familiar, desde donde lo llamaban “habitualmente” para pedirle “cambio chico”, ya que era conocido que pagaba asiduamente en ese Abitab, facturas de BPS de un par de empresas de construcción con muchos billetes de baja denominación por sumas cercanas a los $500 mil, algo “muy sospechoso” e “irregular”, según mencionaron especialistas a Caras y Caretas.
“Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero”, admitió Gandini, otrora detractor de la ley de inclusión financiera, por la cual llegó a juntar miles de firmas para intentar derogarla.
A partir de estas declaraciones, surgió de fuentes extrajudiciales el nombre de Constructores del Sur S.R.L. (RUT 217311940010), una empresa de construcción vinculada a Andrés Zugarramurdi Techera, a uno de los directores del Cambio Monex (Lundin S.A.) y Mathías Ferragut, un importante empresario que representa a futbolistas, gerentes y los principales directores técnicos del fútbol uruguayo a través de Ferragut Sport, agencia en la que también trabaja su hermano, el abogado Bruno Ferragut, ambos hijos del exgerente deportivo de Liverpool, Carlos Ferragut.
Ferragut se quedó con la mayoría de las acciones (97) de Constructores del Sur S.R.L. en agosto de 2017 (otras 2 recibió su esposa), cedidas por Pablo Horacio Furtado González (33), Andrés Zugarramurdi Techera (33) y Germán Jorge Fynn Sanin (33), quien tiene el 25% de las acciones de Monex Servicios Financieros, y a su vez es el presidente de la institución y el operador jefe de la Mesa de Cambios.
Leiva y una confesión que pone en la mira al Cambio Monex
Germán Fynn seguramente fue quien recibió un primer cuestionario con preguntas sobre las operaciones sospechosas que realizaba Zugarramurdi (quien se pidió licencia médica en el cambio el mismo día en que Leiva fue detenido en su búnker de Pérez Castellanos) enviado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU), que a la par que la Fiscalía, comenzó una investigación sobre el Cambio Monex.
Llamativamente, las acciones que tenían Furtado, Zugarramurdi y Fynn, habían sido cedidas en setiembre de 2016 por Mathías (98) y Bruno Ferragut (2), quienes un mes antes (agosto de 2016) recibieron las acciones de parte de Richard Rubiles (50) y Juan Carlos Silva (50).
Silva es un misterioso empresario uruguayo de la logística internacional y la inteligencia en seguridad, radicado en Paraguay, que a principios de este siglo tuvo confusos episodios en territorio guaraní, donde fue amenazado de muerte (según denunció Silva) y fue detenido antes de brindar un seminario en el Hotel Internacional de Asunción sobre técnicas antisecuestro, sin contar con ningún título ni documento habilitante para brindar charlas en esa materia.
