La ley establece como población objetivo a jóvenes de entre 15 y 29 años, madres, padres o tutores de menores con discapacidad, personas trans, personas liberadas de prisión y mayores de 45 años. Barreto recordó que el proyecto original establecía el límite de edad en 50 años, pero que durante el tratamiento parlamentario fue reducido a 45.
El régimen contempla incentivos para la contratación por parte de empresas privadas y también mecanismos vinculados al empleo público, entre ellos el programa “Yo estudio y trabajo”. La formación profesional constituye otro de sus componentes, con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral.
Barreto señaló que la norma se encontraba en la etapa de reglamentación y que el decreto correspondiente estaba próximo a aprobarse. El presupuesto previsto ronda los 10 millones de dólares anuales. La cantidad de empleos que podrá generar, explicó, resulta difícil de estimar de antemano debido a la diversidad de colectivos comprendidos.
El camino hacia las 40 horas
La reducción de la jornada laboral es otro de los compromisos del Gobierno. Barreto sostuvo que el Ministerio procura avanzar a través de la negociación colectiva y el diálogo social, en lugar de establecer inicialmente una fórmula única para todas las actividades.
El subsecretario puso como ejemplo a la construcción, sector en el que la jornada pasó de 48 a 44 horas y ahora avanza progresivamente hacia las 40 horas, con un horizonte establecido en 2030. El proceso surge de un acuerdo entre el SUNCA y las cámaras empresariales.
La experiencia de la construcción, según Barreto, demuestra que la reducción de la jornada puede acordarse atendiendo a las particularidades de cada sector. En ese caso, el mecanismo contempla jornadas de nueve horas de lunes a jueves y una reducción progresiva de las horas trabajadas los viernes.
Por esa razón, el Ministerio pretende trasladar la discusión al Consejo Superior Tripartito. Barreto consideró que las diferencias entre actividades hacen difícil aplicar de manera inmediata un esquema uniforme. “No descartamos que en algún momento pueda haber una ley general, con plazos”, sostuvo.
La reducción de la jornada sin pérdida salarial forma parte del programa del Frente Amplio y constituye un compromiso del Ministerio. Pero, para Barreto, la discusión debe incorporar también la productividad y la generación de conocimiento.
En ese sentido, planteó la participación de universidades públicas y privadas para estudiar los efectos de una menor jornada sobre la productividad y la organización del trabajo. La construcción ya cuenta con una comisión de productividad, cuyo funcionamiento fue relanzado en el marco del convenio colectivo del sector.
Para el subsecretario, la discusión no puede reducirse a una oposición entre trabajadores y empresarios. Las características de cada actividad deben ser consideradas y los cambios deben surgir de procesos de negociación.
El reclamo empresarial ante la OIT
La entrevista también abordó la situación de Uruguay ante la OIT, luego de que el país fuera incluido entre los 25 casos considerados especialmente graves a partir de una denuncia empresarial.
El origen del reclamo se remonta a 2009 y comprende distintos aspectos. Barreto explicó que varios de ellos fueron resueltos, pero permanece una diferencia relacionada con el alcance de la negociación colectiva dentro de los Consejos de Salarios.
El planteo empresarial cuestiona que en esos ámbitos puedan negociarse, además de los salarios mínimos, condiciones de trabajo y aumentos generales de salarios por encima de los mínimos establecidos.
Según explicó Barreto, las organizaciones empresariales entienden que esa posibilidad las obliga a negociar cuestiones que deberían quedar fuera del ámbito de los Consejos de Salarios. El subsecretario resumió la posición con una expresión: “castigar el exceso de negociación”.
La particularidad del sistema de la OIT, recordó, es su carácter tripartito, con participación de gobiernos, trabajadores y empleadores. Por esa razón, Uruguay debe atender los planteos realizados por las organizaciones empresariales.
Barreto aclaró que la inclusión en la lista no supone una sanción económica directa, pero reconoció que se trata de una observación que Uruguay arrastra desde hace años y que debe encontrar una solución.
El Ministerio convocó al PIT-CNT y a las cámaras empresariales para procurar una salida tripartita. La intención, explicó, es resolver la controversia sin afectar la negociación colectiva ni reducir derechos laborales.
