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"Los documentos divulgados no son verdades incuestionables e impolutas", sostiene el comunicado de Crysol sobre la difusión de los archivos, titulado: La basura contaminada del terrorismo de Estado.
La asociación de ex presas y presos políticos sostiene que:
1. La difusión en el exterior de rollos microfilmados de las actividades llevadas a cabo por los servicios de inteligencia uruguaya pone de manifiesto una vez más el carácter antidemocrático y reaccionario con que los mismos han actuado, con total impunidad, durante décadas, guiados e instruidos por la mano experta de la CIA y otras agencias similares.
2. Los documentos divulgados no son verdades incuestionables o impolutas. En todos los casos son el resultado de actividades ilegales, en el marco de políticas represivas, con el propósito de justificarlas e, incluso, perfeccionarlas. Fueron elaborados por represores a sueldo o colaboradores de ellos.
3. Entre los miles de documentos se encuentran actas de interrogatorios a detenidos en el marco de la actuación de la Justicia Militar que comenzó a operar a partir del 15 de abril de 1972 al aprobarse el Estado de Guerra Interno y la ley 14 068 (Ley de seguridad del Estado).
4. Toda la actuación represiva de la Justicia Militar, como brazo legal de la dictadura civil militar, en el periodo 15 de abril de 1972 al 28 de febrero de 1985, se basó en la tortura. La tortura fue una práctica común durante la década de los sesenta en Jefatura. A partir de esa fecha fue masiva, sistemática y generalizada. Las actas de los interrogatorios que sirvieron de base para los procesamientos son documentos írritos, nulos y sin ningún valor para siempre, desde el punto de vista jurídico, político y ético.
5. La actual institucionalidad democrática es el resultado de una épica conducta de los trabajadores y del pueblo uruguayo que enfrentaron el gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco, la dictadura civil militar de Juan María Bordaberry y el terrorismo de Estado desembozado. A partir del 15 de abril de 1972 la tortura en todos los cuarteles del país pasó a ser la protagonista del sufrimiento colectivo.
6. La democracia no le debe nada a las Fuerzas Armadas y mucho menos a los agrupamientos políticos que en el pasado y en el presente promovieron la impunidad, la defensa airada de los terroristas de Estado procesados y formalizados por la justicia o las leyes destinadas a otorgarles la prisión domiciliaria de manera preceptiva y sin más trámite.
7. La difusión masiva de estos documentos reveladores de la actuación de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas pone en la agenda de la discusión ciudadana la conveniencia de no contar con las mismas para tener un país más justo y más democrático.