Colina coincidió con Iglesias en que “el tema debe pasar por el Parlamento”, como lo establece la Constitución, porque es un recorte a la P de Ancap en un acto administrativo discrecional sin intercambio con los trabajadores ni en el Parlamento”.
Colina indicó que “contra la privatización de la industria del portland haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance y desde el punto de vista jurídico y sindical nos vamos a parar muy fuerte”.
En febrero de 2021 el gobierno modificó un decreto firmado por la anterior administración que favoreció a los propietarios de la empresa cementera Charrúa, Diego Lugano y Diego Godín. En el año 2019 se había decretado regular la comercialización del cemento portland con el fin de "garantizar" las exigencias esenciales de calidad y seguridad del producto usado en el país. Las empresas, según la disposición, debían ofrecer con la fecha de vencimiento del producto, que no podía ser superior a los 90 días desde su despacho, estableciéndose sanciones. Sin embargo, la empresa de Lugano y Godín incumplió el decreto trayendo cemento al país “sin controles y con beneficio en impuestos”, como denunció Fancap en esa oportunidad. Ante esto, en 2021, un decreto firmado en enero de ese año cambió exigencias para el cemento estructural y amplió el plazo de vencimiento del producto a 150 días.
Por su lado, el gremio de la construcción, Sunca, que cuenta con 300 de los 500 trabajadores en la planta de cemento portland ubicada en Paysandú, definió una movilización a nivel nacional hacia Montevideo el 30 de mayo próximo. Su presidente, Richard Ferreira, dijo a Caras y Caretas que “hay riesgo de 300 fuentes de trabajo, que son contratados tercerizados y que están amparados por el Sunca”. Agregó que más allá de esfuerzos en el Ministerio de Trabajo para que se aseguraran las fuentes de trabajo en el marco de esta privatización, nos encontramos con que el pliego no recoge la propuesta y no asegura la estabilidad laboral en ninguna de las cuatro plantas, Minas, Montevideo, Paysandú y Treinta y Tres”.
“Reclamamos -continuó Ferreira- ámbitos de negociación que aseguren lo que en algún momento fue el compromiso del presidente Lacalle Pou: la estabilidad laboral que decía que la asociación no traería aparejada la pérdida de puestos de trabajo. Eso, a la luz del pliego, no es verdad y el Sunca se movilizará a lo largo y ancho del país”.
El presidente del sindicato de la construcción resaltó que “el pliego de licitación solo sugiere que se ponderará la empresa que asegure los puestos de trabajo, pero dependerá del privado que se asocie si acepta la sugerencia o no”. Además, advirtió que “la empresa privada que se asocie puede traer su personal para operar las plantas y que esta gente que tiene más de 10 años de trabajo quede por el camino. Cualquier empresa que no tenga un compromiso del Estado en mantener los puestos de trabajo, al tener mayoría en la asociación, tomará las decisiones que quiera”.
