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Política | María Dolores

María Dolores: oficialismo y oposición acordaron enviar informes de investigadora a Fiscalía

El acuerdo se dio tras la sesión plenaria en la que se presentaron tres informes, por la falta de consenso: uno del FA, otro de la coalición y el restante de Cabildo.

12 de noviembre de 2026 - 07:02

Tras nueve meses de labor de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores (Florida) por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), la Cámara de Diputados resolvió remitir la totalidad de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación. Ante la falta de consensos para aprobar las mociones originales en el plenario, legisladores de cinco partidos impulsaron un texto sustitutivo para derivar los antecedentes al Ministerio Público, donde el caso ya es seguido por la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno.

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Debido a las divergencias partidarias sobre la operación, el plenario analizó tres informes distintos elaborados tras el cierre de la comisión en junio: uno del Frente Amplio (FA), otro conjunto del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente e Identidad Soberana, y un tercero presentado por Cabildo Abierto.

Posición del FA

En defensa de la adquisición, el diputado del FA y presidente de la investigadora, Sebastián Valdomir, aseguró que el proceso se ajustó totalmente a la normativa vigente, amparado en el artículo 35 de la ley 11.029, que faculta al organismo a igualar el precio de un acuerdo previo entre privados. Valdomir defendió el monto abonado —US$ 32,5 millones, unos US$ 7.000 a US$ 7.200 por hectárea— argumentando que se encuentra acorde a los valores de mercado en Florida y destacó que el predio ya abastece de alimento a pequeños productores familiares, permitiendo alcanzar casi la mitad de la meta de 25.000 hectáreas fijada para el período 2029-2030.

Postura de la oposición

Por su parte, el diputado colorado Carlos Rydström, en representación de la oposición, sostuvo que la compra vulneró diversos artículos de la Constitución, la propia ley de Colonización y el Tocaf, motivos por los cuales consideró necesaria la intervención judicial. Según expuso el legislador, no existió un informe previo que justificara los objetivos de la adquisición, pero sí tres documentos técnicos de funcionarios del INC que advertían que el precio pactado superaba entre un 10% y un 20% el valor lógico del establecimiento, existiendo una brecha superior a los US$ 1.000 por hectárea para que la operación resultara viable.

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