Sin embargo, para el representante del Frente Amplio, la situación expone un entramado de relaciones partidarias que contraviene los compromisos asumidos a nivel departamental. "Lo que sí estamos diciendo es que su vinculación [de Correa] con el edil Gómez de la Junta Departamental de Montevideo es una prueba más de las vinculaciones que tiene esta fundación con el Partido Nacional, del cual además es integrante el Intendente Durazno".
"Todo aquello que criticamos en el periodo pasado, los vínculos de la Fundación a ganar con el Partido Nacional, volvemos a verlo en esta administración, cuando el Intendente en campaña había prometido de que no iba a cometer el mismo error", cuestionó el legislador.
Licandro descartó que la decisión responda a un descuido administrativo y la definió como una posición explícita de la comuna, al tiempo que identificó a la conducción principal de la entidad. "Nos parece que no es un error, sino que es una actitud política que está dirigida justamente a favorecer a una fundación que está vinculada a la ultraderecha. Su presidente es el ex diputado Pablo Viana", sostuvo.
"Para nosotros no caben dudas de que hay una vinculación política, además de todo lo que tiene que ver con lo ético y con lo legal", agregó.
Aumento de la plantilla: "Un verdadero escándalo"
El análisis del legislador comunal se extendió al volumen de contrataciones y al marco legal vigente. Licandro enmarcó la licitación en un intento por esquivar las regulaciones aprobadas en el Poder Legislativo para el ingreso de personal a los gobiernos departamentales. "Y esto, además, hay que circuncribirlo todo, en lo que es una maniobra clarísima de evadir la ley 20.451, la ley que con la anuencia incluso el Congreso Intendente se votó en el Parlamento en diciembre, que establecía los ingresos a las intendencias por concurso y por sorteo, salvo una cuota de un 4% que fue una concesión que se le hizo al Partido Nacional", detalló.
Para fundamentar su postura, expuso datos sobre el incremento en la cantidad de funcionarios comunales durante el último periodo de gestión. "Hoy la Intendencia de Durazno anda alrededor de los 1.400 trabajadores. Cuando asume esta administración tenían 1.078", argumentó. "Esto obviamente está muy por encima de los márgenes que plantea la ley 20.451, pero además, en este llamado a licitación para la contratación de recursos humanos, habla de hasta 200 personas que podrían estar contratando. Por lo tanto, por ese lado también es un verdadero escándalo".
