El gallego aseguró que recorrió varios bancos de renombre internacional en procura de la emisión de la garantía y que por la guerra en Ucrania los bancos no financiaban ni otorgaban garantías a proyectos que incluyesen armas a países que tuvieran ayudas del Banco Mundial, como el caso de Uruguay. "Naturalmente, eso lo cambió todo porque no se tenía prevista esa dificultad", agregó.
Cardama sostuvo que sugirió otras opciones que fueron estudiadas por el Ministerio de Defensa Nacional, que no las consideró viables. "Esta búsqueda nos llevó al aval finalmente presentado y aceptado por el Ministerio de Defensa Nacional, tras varios meses de negociaciones y revisiones del texto y las condiciones por parte del Ministerio y sus asesores externos", dijo.
"En conclusión, tanto por razones lógicas de tiempos de revisiones y preparación de documentación, como por razones ajenas a nuestro control, los tiempos insumidos fueron muy por encima de lo previsto y deseable, pero todo esto – como se explicó - lo causó a nuestro entender una situación ajena a ambas partes que era de nuestro total desconocimiento antes de la firma del contrato", sostuvo.
La presunta experiencia de Cardama y el acuerdo trunco por la chatarra
"Tenemos un equipo de profesionales con una amplia y reconocida experiencia en construcción de buques de mucho mayor porte que las OPV en otros astilleros", manifestó el español acerca de la experiencia del astillero vigués para la construcción de las patrullas oceánicas, uno de los aspectos cuestionados por experimentados contraalmirantes de la Armada en su momento.
"Los buques OPV para Uruguay no iban a ser los buques de más porte ni los más complejos construidos por nuestro astillero", sostuvo Cardama, sin embargo no se conoce ninguno de este tipo (naval) o similar que haya construido el astillero vigués.
Finalmente, Cardama manifestó la disposición de la empresa para acordar una solución que busque "soluciones prácticas, ejecutables, que eviten la pérdida de valor, que consulten el valor del tiempo, los esfuerzos, esto es, nos interesan cosas más sencillas", afirmó.
El empresario recordó que en marzo de 2026 solicitó que el gobierno de Uruguay resolviera qué destino le iba a dar a lo construido en Vigo, pero tras más de cinco meses después, no ha obtenido respuesta, cuestionó Cardama.
"Hay mucho entonces de lo que ocuparse desde una perspectiva profesional y sabrá el Estado uruguayo qué quiere hacer. Cuando lo sepa y si eso que quiere es buscar una solución, seguramente la podremos encontrar juntos. Mientras tanto, ambas partes nos gastamos una fortuna en abogados", lamentó.
