En ese sentido, el MI sostiene que dichas dificultades “están fuertemente asociadas al incremento constante de la población privada de libertad”, que el año pasado alcanzó “su récord histórico, consolidando la posición de liderazgo en América del Sur y en el mundo, con 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes”.
Negociación de los detalles
En el oficialismo, tras escuchar la exposición de Negro, manejan como la fórmula "más viable" para la conducción del nuevo servicio descentralizado un directorio compuesto por tres integrantes para que la oposición —que deberá prestar sus votos— pueda estar representada, pese a que, de esa forma, se perdería "capacidad ejecutiva". El organismo estará conformado por unos 3.000 funcionarios policiales y otros 1.000 operadores civiles, y se vinculará jurídicamente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.
Desde hace un buen tiempo el sistema político discute la necesidad de descentralizar el organismo que está a cargo de llevar adelante la política penitenciaria —el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)—, para que sea dotado de autonomía técnica y presupuestal, y quitarle de esta manera tamaña responsabilidad al Ministerio del Interior.
Hay consenso entre los partidos —ya lo había durante la campaña electoral de 2024—, aunque ahora comenzará la etapa de la negociación de los detalles, ya que, como se planea la creación de un servicio descentralizado, la Constitución exige al Parlamento que se alcance la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.
