Alertan sobre la injusticia de género que “implica la sobrecarga de trabajo no remunerado que tenemos las mujeres en las tareas de cuidado”, razón por la que exigen políticas integrales que reconozcan, redistribuyan y reduzcan el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres.
De la misma manera reclaman la vigencia de la Ley 19580 de violencia basada en género al tiempo de exigir el presupuesto necesario para implementarla.
Reclaman la derogación de la Ley de corresponsabilidad en la crianza que “somete a niños y niñas víctimas de violencia a convivir con progenitores abusadores o violentos”.
Simultáneamente reclaman políticas de Estado que “apunten a eliminar el racismo y la xenofobia estructural, implementando políticas con perspectiva interseccional de atención”, al tiempo de transformar las discriminaciones y desigualdades múltiples que “vivimos las mujeres, poniendo especial foco en las mujeres en situación de discapacidad, en situación de pobreza, mujeres presas, mujeres atrapadas en las redes de trata y narcotráfico, mujeres en el mercado sexual, niñas sometidas a embarazos o maternidades forzadas, adolescentes víctimas de relaciones abusivas, entre otras”.
Exigen los colectivos un sistema de justicia preparado “para abordar las múltiples situaciones de discriminación y violencia que vivimos las mujeres en todos los ámbitos”.
Asimismo reclaman la incorporación en la curricula de grado en todos los niveles educativos, la educación sexual integral, educación en igualdad de género y prevención de las violencias.
Seguidamente reclaman “paridad en todos los ámbitos de representación”.
Finaliza la proclama alertando “sobre el incremento de la violencia y el acoso que enfrentan las mujeres que ocupan roles de liderazgo, mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos, mujeres en cargos políticos, entre otros”.