La "advertencia" de Lema
El legislador nacionalista había solicitado la suspensión preventiva de los procesos licitatorios y de todas las actuaciones vinculadas al proyecto, argumentando que aún no se cuentan con los estudios de impacto ambiental necesarios. Lema calificó el avance como “absolutamente improcedente e institucionalmente riesgoso”.
Frente a esas objeciones, Ortuño rechazó el planteo y aseguró que no existe contradicción entre el avance administrativo del proyecto y la protección ambiental. “No solo no hay contradicción, sino que es absolutamente compatible”, afirmó el jerarca.
Seguridad hídrica
El ministro defendió la iniciativa como una respuesta concreta a la crisis hídrica de 2023, cuando el área metropolitana sufrió serias dificultades en el suministro de agua potable. "Una necesidad probada es asegurar el abastecimiento para que no se repitan situaciones como las que se vivieron", sostuvo.
Además, Ortuño apeló al artículo 47 de la Constitución para señalar que el Estado debe proteger el ambiente, pero también garantizar el acceso al agua potable como prioridad.
En un gesto político que buscó poner en evidencia diferencias con la oposición, el ministro recordó el caso del proyecto Neptuno-Arazatí: "Se hizo el llamado a licitación en marzo de 2023, recién se presentó el estudio de impacto ambiental a principios de 2024 y la autorización ambiental se otorgó en diciembre de 2024".
No obstante, Ortuño aclaró que el gobierno actual no replicará esa secuencia sin controles: "Lo que sí debe quedar claro es que no va a haber construcción de la obra sin autorización ambiental".
Estado actual del proyecto
El Ministerio de Ambiente trabaja en la actualización de los estudios técnicos del proyecto Casupá, en coordinación con OSE, la Universidad de la República y equipos independientes. El objetivo es incorporar nuevos insumos para definir medidas de mitigación y protección ambiental antes de la adjudicación de la obra.
En cuanto a las expropiaciones, el proceso continúa bajo la órbita de OSE. Ortuño informó que ya se alcanzó un acuerdo con uno de los propietarios afectados y que se prevé avanzar durante junio en nuevas negociaciones con vecinos de la zona. "Es un proceso con todas las garantías y con mucho diálogo en el territorio", concluyó.