Sin embargo, se ha anunciado que estas reuniones del Consejo de Ministros se realizarán cada 15 días, lo que podría cambiar la dinámica y permitir un enfoque más concentrado en asuntos laborales. No obstante, la frecuencia de los intercambios futuros no asegura que los enfoques que hoy expresan desacuerdos abran paso a nuevas coincidencias, máxime que el ministro de Economía parece más aplicado a cumplir con la agenda de las corporaciones empresariales que con las prioridades de las organizaciones sociales.
Los primeros borradores del proyecto de ley fueron presentados por el Ministerio de Trabajo el 9 de marzo de 2026 e impulsados por el presidente Yamandú Orsi.
La nueva Ley Integral de Empleo busca fomentar la inserción laboral, con un enfoque particular en jóvenes, poblaciones vulnerables, como personas trans, afrodescendientes y liberados, así como en las regiones del interior del país, para corregir las fallas de normativas anteriores que priorizaron beneficios en Montevideo y Canelones. El principal propósito de esta idea precursora de un proyecto de ley es aumentar el impacto de las políticas de empleo y atender las demandas laborales en el interior del país.
Históricamente, la legislación anterior se ha visto criticada por concentrar el 80 % de los beneficios en las principales ciudades, dejando a las zonas menos urbanizadas en una situación de desventaja.
En este proyecto de ley se prevén medidas orientadas a promover el trabajo en micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual resulta crucial para beneficiar a jóvenes y a colectivos que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Esta estrategia busca diversificar las oportunidades de empleo y estimular el crecimiento económico en diversas regiones.
¿Por qué la ley ahora?
La normativa surge en un contexto donde es imperativo fortalecer los instrumentos de formación laboral. Esto se vuelve aún más relevante en un panorama de cambios productivos y posibles impactos derivados de nuevos acuerdos comerciales que pueden alterar la dinámica del mercado laboral.
Juan Castillo, representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ha señalado que la intención principal de este proyecto es superar las debilidades de la ley anterior, la cual mostró resultados insatisfactorios en términos de generación de empleo. Esta nueva iniciativa busca establecer un marco más eficaz que responda a las necesidades actuales del mercado.
Dicho esto para establecer un contexto, se ha anunciado en estos días la finalización de la redacción del proyecto que parece resultar de la colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con el objetivo de que sea enviado al Parlamento en marzo de 2026. Sin perjuicio, en la actualidad, la agenda del MEF parece haberse centrado en el anuncio de la ley de competitividad, que fue objeto de una conferencia de prensa por parte del presidente Orsi y el ministro Oddone.
Nuevamente un propósito loable, como es eliminar regulaciones obsoletas, redundantes o innecesarias, desviaría temporalmente el foco de este nuevo proyecto que abordaría el empleo en forma integral. Esta situación contribuye a las fricciones existentes entre el equipo del MTSS y el equipo económico, lo que ha llevado al MTSS a optar por mantener el espacio y aceptar pérdidas en el debate antes que desafiar abiertamente al MEF. Las corporaciones empresariales tampoco parecen satisfechas con las desregulaciones propuestas por el MEF y, como es habitual, las consideran aún insuficientes.
El futuro la ley de empleo parcialmente amputada es muy probablemente incierto y cabe la duda de si realmente representará una innovación a la política de empleo que el país y el mercado de trabajo tanto necesitan, pero su desarrollo y las tensiones que la rodean son un reflejo de las complejidades que enfrenta el Gobierno en su búsqueda por abordar un tema tan crucial como el empleo en Uruguay, que sólo es un aspecto, aunque muy importante, de las políticas públicas, particularmente aquellas que impacten en forma relevante en la sociedad.
