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La oposición logró los votos para instalar una investigadora. Cabildo Abierto pone condiciones y el FA dispuesto a echar luz sobre el mayor fraude al Estado.
Pero el Parlamento será un espacio protagónico porque, tanto de un lado como del otro, está la convicción de que hay necesidad de investigar a fondo todo lo ocurrido, aunque, obviamente, con ópticas bien diferentes. La oposición apunta a cargar las tintas a las decisiones que llevaron, en este período, a la cancelación del contrato por poco más de 82 millones de euros, y el oficialismo a aquellas que llevaron, justamente, a la elección de un astillero para hacerle un encargo para el que —el gobierno no tiene dudas— no estaba preparado, como habría quedado establecido en los problemas encontrados en los distintos informes y auditorías.
Lo que está en fase de definición es cómo y quiénes, pero todo está encaminado para que se cree una comisión investigadora —que requerirá, primero, la conformación de una preinvestigadora que buscará los méritos para la segunda instancia- en la Cámara de Representantes.
La iniciativa —aunque la idea circulaba entre legisladores del Frente Amplio— es del Partido Nacional, que tratará formalmente el tema este miércoles en su bancada. Y en principio aterrizará en Diputados porque es allí donde la oposición puede alcanzar la necesaria mayoría simple, para lo que ya se está trabajando. Esa mayoría ya está conformada, porque tanto Cabildo Abierto como el partido Identidad Soberana están dispuestos a sumarse.
El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, quien aceptó dar los votos de su partido, pero puso como condición que el trabajo de la investigación no se limite al capítulo de la cancelación contractual, sino que alcance todo el proceso.
La postura de Perrone es similar a la del gobierno, porque parte de la definición —también manifestada por Guido Manini Ríos— de que “la compra fue claramente mala”. “Rompe los ojos que Cardama no estaba preparado, rompe los ojos el precio acordado por las patrullas y rompe los ojos la necesidad de dar de baja al contrato, porque la garantía de fiel cumplimiento no era un elemento accesorio, como dicen los blancos”, afirmó el cabildante a El País. “Y no había chances de renegociar con el astillero como para que se pudiera cumplir con el contrato —agregó Perrone—. Cardama no tenía ninguna capacidad, ni siquiera se supo qué pasó con los motores” para los buques.
La bancada del Frente Amplio, mientras tanto, se encuentra analizando el escenario. El senador Daniel Caggiani, por ejemplo, dijo que el oficialismo está interesado en que “se pueda echar luz sobre el proceso de contratación y el mayor fraude al Estado en una compra pública”. Para ello, se deberá individualizar “a los responsables” que avalaron “algunas de las decisiones que se tomaron”, pero añadió que no hay, todavía, una definición tomada sobre la propuesta de la comisión investigadora de la oposición.