Tras la reunión entre Luis Lacalle Pou y el primer ministro británico, Boris Johnson, así como otros encuentros bilaterales en el marco de la gira oficial, la cancillería uruguaya informó que se llegó a un compromiso de “mejorar la cooperación en Defensa y Seguridad en asuntos de interés mutuo”. En este sentido, “Reino Unido continuará invirtiendo en oportunidades de capacitación y entrenamiento para las Fuerzas Armadas uruguayas”, estableció el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por otro lado, el Partido Socialista señaló en la declaración que surgió por unanimidad la “alerta” que existe “frente a la crítica situación social que vive el país”, y en ese sentido puntualizó: “Mientras crece la economía y se concentra la riqueza en pocas manos, asistimos a una dolorosa situación de miseria y hambre en sectores de la población, a una planificada caída del salario y al consiguiente empobrecimiento de las mayorías”. Atribuyó este escenario a “las políticas de un gobierno burgués”, sin “ignorar problemas estructurales de larga data”.
En tanto, el comité central socialista expresó tras la Marcha del Silencio del 20 de mayo su “plena adhesión a la causa de la memoria, la verdad y la justicia”; a su vez, manifestó su “indignación ante los relatos sostenidos por diversos actores –entre ellos, referentes de primera línea del actual gobierno– que minimizan el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la última dictadura cívico-militar”.
El Partido Socialista también denunció “la ofensiva del actual gobierno contra las empresas y servicios públicos”, al tiempo que mostró su solidaridad “con la lucha sindical que la resiste”. Mostraron oposición al “proyecto Neptuno de OSE que mercantiliza el agua, privatizando la captación y potabilización, y vulnerando el artículo 47 de la Constitución de la República”.
Mientras que respecto a la posibilidad de un cambio general en las jubilaciones y el sistema de seguridad social, los socialistas expresaron que “cualquier reforma de la seguridad social debe basarse en principios de solidaridad y garantizar la eliminación del lucro y la no intervención de administradoras privadas en la seguridad social”. También se marcó en la declaración “la situación escandalosa del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Caja Militar)”, reclamando una “reforma del injusto e insostenible régimen que ampara la carrera militar transformando a sus oficiales en una casta privilegiada que accede a la jubilación con un grado superior por el cual nunca aportaron y en una edad que los habilita a ingresar al mercado laboral y competir, también con privilegio, ante otros trabajadores/as y profesionales del país”.
