El perjuicio patrimonial en este caso asciende a más de USD 40 millones, con cientos de ahorristas que se vieron afectados en Paraguay luego del desfalco del que Peirano es acusado.
A fin de frenar su extradición, su defensa había planteado un recurso de casación ante la Corte Suprema del Uruguay, que posteriormente desestimó dicha acción por razones de forma y de fondo.
El abogado del exbanquero uruguayo pedirá el arresto domiciliario para su cliente, a fin de evitar que guarde reclusión en una penitenciaría.
Paraguay pidió la extradición junto con Argentina, pero en noviembre de 2021 la justicia determinó prioridad al pedido paraguayo en primera instancia y luego en un Tribunal de Apelaciones, debido a que los delitos son mayores. Posteriormente, Argentina retiró el pedido de extradición por "carecer de objeto".
Por mayoría del tribunal fallaron contra el recurso anteriormente presentado por la defensa del acusado al entender que era "claramente inadmisible, y solo lo explica el inocultable propósito de demorar y/o diseccionar el acto material de la propia entrega".
En Uruguay, el exbanquero estuvo privado de libertad desde el año 2002 a 2007, siendo condenado en 2013 por insolvencia societaria fraudulenta en la quiebra del Banco de Montevideo, sin haber regresado a la cárcel por haber cumplido la pena de forma "anticipada".