En el apartado “Seguridad” se propone establecer un aumento en las retribuciones al personal militar alcanzado por la reforma de la ley de retiros de 2019. Los aumentos serían en tres franjas: 5% a los oficiales, 7,5% a los suboficiales y cabos de primera, y 10% a los cabos de segunda y soldados. Además, “se signará una partida fija por nocturnidad de $ 300 por guardia a los oficiales y $ 250 por guardia al personal subalterno”. CA estima que todo esto tiene un “costo total” de 1.350 millones de pesos anuales.
A su vez, en la sección “Educación” CA pide que se le asigne a la Administración Nacional de Educación Pública una partida anual de 650 millones de pesos para docentes de Primaria, Secundaria y UTU que trabajan en centros de enseñanza ubicados en zonas de contexto crítico. Esto “incluye a 9.000 docentes”, se aclara.
Los cabildantes también piden que se asigne una partida para la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec), “por única vez”, de cuatro millones de pesos y una partida anual de 1,2 millones de pesos, con el objetivo de “incrementar hasta 100 la cantidad de cupos de ingresos para la carrera de Tecnólogo en informática en el departamento de Maldonado”.
Por último, entre las propuestas con costo hay varias referidas a impuestos. Por ejemplo, cambios en la aplicación del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE), que pagan las empresas en función de sus utilidades. Se propone derogar dos decretos (359/015 y 36/017) que eliminan la posibilidad del ajuste por inflación para el IRAE y establecer que la escala del artículo de 64 del Decreto 150/007, referente al IRAE “ficto” sea progresivo. “Esto es, en caso de superar los topes, en lugar de aplicar la nueva tasa a la totalidad de las rentas, aplica sólo al exceso del tope”, se explica en el documento.
En el grupo de propuestas “sin costo” de CA hay una referida a la Policía: la “reforma del sistema de ascensos” en el Ministerio del Interior, “restableciendo el ascenso en el personal superior por antigüedad calificada”. También el traspaso del fondo de subsidio por fallecimiento del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (la Caja Militar) al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para ser “destinado a viviendas del personal militar, en actividad o retiro, de menores recursos”.
