“Ese consenso se mantiene intacto pese a un fallo judicial que debe respetarse y acatarse, pero consideramos al igual que nuestro gobierno un profundo error, sobre todo considerando que la vacunación no es obligatoria.
“A los efectos de informar esta posición llamé al Presidente de la República Luis Lacalle Pou”, señala la nota.
Pereira no fue el único frenteamplista que se pronunció sobre este caso. El senador Alejandro “Pacha” Sánchez dijo que “no se puede impedir que una política de salud pública se pueda llevar adelante por el Estado”, cuando están protegidas por la Constitución de la República, como es el caso de la vacunación.
Casi simultáneamente la diputada, y médica pediatra, Cristina Lustemberg, afirmó en su cuenta de Twitter que “preocupa que la decisión de un juez -enmarcada en una acción de amparo a todas luces improcedente- prive del derecho a la vacunación contrala COVID-19 a un sector de la población especialmente vulnerable”.
Debido a un pedido de amparo presentado por un particular el juez Recarey ordenó suspender la vacunación a los menores de 13 años, medida aceptada por las autoridades pero que será apelada.
Sostiene el magistrado que