Castillo no ocultó su incomodidad con la medida y advirtió sobre el impacto: "Convengamos que para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camionetas del Ejército no es una buena cosa. Hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía, como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército, como defensa de la soberanía".
"La decisión está tomada"
Pocas horas después, desde un evento en Treinta y Tres, el presidente Yamandú Orsi tomó distancia de los dichos de su ministro de Trabajo y dijo: "Yo lo que leí es que hay un tema de imagen... Acá no es un tema de imagen, es un tema de acción, acá hay que resolver", sentenció el presidente.
Orsi fue enfático en que, más allá de que restan pulir algunos detalles jurídicos, la medida no tiene marcha atrás y que es además una prioridad para el gobierno "la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad, y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo". El presidente insistió en que no se trata de "una sensación", sino de dar batalla a un "problema que ya es internacional" porque "el crimen organizado viene con todo y no nos podemos detener". Por último defendió la iniciativa explicando que se trata simplemente de poner la infraestructura del Estado al servicio de la seguridad pública, algo que comparó con el uso de radares militares para el control de sobrevuelos ilegales. "De esa no nos bajamos", concluyó.
