Sobre las ofertas iniciales de compra, Bonino aseguró que eran “vergonzosas” y no reconocían el valor real de la zona. El productor Ariel Link afirmó a Agro de Búsqueda en agosto de 2024 que el Estado ofrecía US$ 12.000 por hectárea, cuando el mercado paga hasta US$ 22.000, sin compensación por lucro cesante. “No era un tema de plata, ningún productor quería vender”, insistió Bonino.
Riesgo ambiental sobre el acuífero Raigón
La principal preocupación de los vecinos siempre fue el impacto ambiental. Bonino recordó que la obra implicaba riesgos de contaminación irreversible para el acuífero Raigón, en una zona con alta producción intensiva de papa, horticultura y lechería. “El impacto era de más de 1.500 hectáreas, 500 desaparecían y el resto quedaban afectadas por cambios en la napa freática”, explicó.
Estudios encargados por los propios productores, así como informes técnicos y una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —citada por Búsqueda— respaldaron la postura de que Arazatí no era la mejor solución y que Casupá ofrecía mayor seguridad hídrica. Bonino también criticó que OSE pagara casi US$ 500.000 a la Universidad de la República por estudios que luego “desestimó”, y reclamó un plan urgente para reparar pérdidas en la red de agua.
“Fue un gran alivio” escuchar la cancelación del proyecto, resumió Bonino, quien destacó el apoyo de la Presidencia y la reunión mantenida en San José con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la intendenta Ana Bentaberri. Ahora, dijo, “cada productor decidirá si quiere seguir en juicio por lucro cesante o pasar la página y dedicarse a producir, que es de lo que vivimos”.