“Según su versión -explicó Fossati- el concepto de violencia de género o vulneración de algún tipo de derechos está muy alejado de la realidad en este caso”.
La divulgación mediática de los chats, agregó la fiscal, "no hizo más que adelantar esta instancia". “Creo que hay un tema de banalización en cierto modo. La violencia de género es un tema serio y que realmente golpea a muchas familias y mujeres. Por eso la necesidad de ser cuidadoso con la información que se difunde”.
Las acciones de Astesiano y Berriel, siempre según la fiscal, fueron por un "tema de seguridad". Esta versión coincide con la versión que dio Presidencia, que insistió que estas "investigaciones" tuvieron como objetivo velar por la seguridad del Presidente y de Ponce de León.
Cuando se conoció lo declarado por Ponce de León y la decisión que adoptó la fiscal Fossati, fuentes de Presidencia, previsiblemente, le pasaron factura al Frente Amplio, afirmando que este caso fue utilizado con un fin político y que fueron más allá de lo esperado.
Según publicaron algunos medios, una de estas fuentes de Presidencia sostuvo: “Si seguimos hablando de lo mismo, no tiene sentido. Y mucho menos con ejemplos tan personales y privados como los que se refieren a la expareja del presidente”.