La investigación penal concluyó que las tres jóvenes, asesinadas durante un operativo militar ocurrido en el barrio Brazo Oriental, fueron “abatidas sin un enfrentamiento armado previo”, según consta en la sentencia judicial, cuyo contenido fue divulgado por el mismo medio.
El operativo tenía la finalidad de detener a Washington Barrios, militante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, quien no se encontraba en el lugar.
La decisión fue criticada por integrantes del Partido Cabildo Abierto y también por el Centro Militar. Por su parte, la Asociación de Magistrados calificó a los cuestionamientos como "infundados".
Sanguinetti consideró que fue un “homicidio en legítima defensa” o si se juzgara con el “derecho vigente”, “un delito común”.
“El fiscal reconoce ese hecho fundamental pero luego se contradice en sustancia porque aparte de ignorar hasta la prescripción del delito, reconoce que hubo un ‘fuerte tiroteo de varios minutos’ pero luego afirma que las tres jóvenes muertas fueron fusiladas... Todas presunciones, cuando un fiscal solo puede acusar si posee la certeza absoluta de los hechos. En el caso, hasta duda de si ‘hubo o resistencia o no’ al allanamiento pero igualmente acusa. Es muy grave, porque desde que hay leyes, in dubio pro reo, en la duda a favor del acusado”, escribió Sanguinetti.
Dijo que el procesamiento tiene “importancia” porque no es una “figura condenable de la dictadura”, sino un “oficial de la democracia, como otros que sufren hoy parecidas amenazas”.
“En efecto, al general Rebollo lo ascendimos nosotros, en 1985, y fue el primer general del gobierno democrático (…) El Poder Judicial, al que todos particularmente respetamos, viene incurriendo en excesos de algunos jueces en diversos ámbitos. En estos temas, ha cambiado una y otra vez de opinión y adolece de episodios como los narrados. Específicamente, están actuando un solo fiscal y dos jueces. Nos duele, nos preocupa, nos genera pesar. Una sociedad uruguaya, que fue con justicia ampliamente generosa con los responsables de la violencia política de los años 60 y 70, no debe aceptar que, forzando leyes y tratados, se instale un clima de persecución que bien puede calificarse de revancha, venganza o, aún peor, de explotación demagógica”, subrayó.
