Con el respaldo de todos los partidos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un conjunto de medidas fiscales y comerciales destinadas a mitigar los efectos de la diferencia cambiaria en los departamentos de frontera con Brasil.
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Se trata de un paquete que incluye una reducción de hasta 75% en los aportes patronales de nuevos empleos formales, la eliminación del IVA mínimo y la reducción a la mitad de la tasa básica para ciertos productos.
La iniciativa —ya aprobada en la Comisión de Hacienda— será ahora considerada por el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría. Según explicó la diputada Julieta Sierra (MPP), los principales beneficiarios de este régimen serán los departamentos de Artigas, Rivera y Cerro Largo, territorios especialmente afectados por los flujos comerciales hacia el Brasil ante los precios más competitivos del otro lado de la frontera.
Un problema estructural
“En esos departamentos el problema es estructural. Altas tasas de informalidad, desempleo y, ahora, una diferencia cambiaria tan grande que obliga a los consumidores a cruzar la frontera para comprar y deja a los comercios locales sin capacidad de competir”, señaló Sierra.
El proyecto crea un régimen especial de comercio fronterizo que, además de simplificar procesos de importación, incorpora beneficios impositivos para dinamizar la economía local. La diputada destacó que los comerciantes locales lo consideran “una señal histórica”, ya que recoge demandas que llevan años planteando para fortalecer el tejido comercial del norte del país.
Sierra también recordó que estas medidas se anunciaron apenas tres meses después del inicio del nuevo gobierno del Frente Amplio, “en una conferencia de prensa realizada en Artigas, no en la Torre Ejecutiva de Montevideo”, subrayando la importancia simbólica de acercarse al territorio.
El proyecto se inscribe en una estrategia más amplia del oficialismo para atender las desigualdades estructurales del interior profundo del país, visibilizando problemáticas específicas que requieren abordajes diferenciales en función del territorio. Ahora será el Senado quien tendrá la última palabra.
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