Puntos del plan
Uno de los principales puntos fuertes del plan es la definición clara de prioridades estratégicas. “A diferencia de enfoques tradicionales, incorpora con centralidad problemáticas como la violencia de género y las violencias hacia niños, niñas y adolescentes, temas históricamente relegados en la agenda de seguridad. Esta inclusión no solo amplía la mirada, sino que obliga a repensar las respuestas institucionales desde una perspectiva más integral”, explicó.
En ese sentido, el documento adopta “un enfoque sistémico que busca superar la fragmentación habitual de las políticas públicas. La idea de que las intervenciones en un área pueden tener efectos en otras introduce una lógica más compleja, pero también más adecuada para abordar fenómenos como la criminalidad. Esta mirada reconoce, por ejemplo, las consecuencias negativas de políticas excesivamente punitivas que, lejos de resolver el problema, han contribuido a su reproducción a lo largo del tiempo”.
Sin embargo, no todo está exento de cuestionamientos, advirtió. Una de las principales observaciones refiere a la falta de claridad respecto a dónde se coloca el mayor peso de la acción estatal. “Si bien el enfoque integral está presente, el plan parece inclinarse —explícita o implícitamente— hacia una priorización del sistema penal, la acción policial y la justicia criminal”, sostuvo. Esto, a su juicio, “abre un debate relevante sobre si los esfuerzos deberían concentrarse más decididamente en políticas de prevención e integración social, consideradas por algunos especialistas como clave para lograr impactos sostenibles en la reducción de la violencia”.
Reconocimientos
Otro aspecto destacado es el reconocimiento, “aunque no siempre explícito”, de las debilidades estructurales del sistema institucional. “La fragilidad histórica de la Policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario aparece como un condicionante central. En este punto, el plan supone un avance al asumir —al menos parcialmente— la necesidad de transformaciones profundas y de largo plazo, una condición indispensable para mejorar la eficacia de cualquier estrategia de seguridad”, explicó.
El debate también se inscribe en una disputa política más amplia, donde modelos de “mano dura” o experiencias extranjeras simplificadas operan como eslóganes de fuerte impacto mediático. Frente a ello, “el plan se posiciona como una alternativa más compleja, menos inmediata en términos de resultados visibles, pero potencialmente más sólida en su concepción”.
Discusión relevante
En definitiva, para Paternain, la propuesta abre un campo de discusión relevante. “Más allá de sus fortalezas y ambigüedades, plantea una oportunidad para repensar la seguridad no solo como un problema de control del delito, sino como un desafío estructural que exige respuestas integrales, sostenidas y, sobre todo, políticamente disputadas”.
Respecto a la promoción del modelo Bukele por parte de algunos actores de los partidos tradicionales, Paternain recordó que en torno a esto hay mucho de marketing. “La gente toma el modelo Bukele, porque también el modelo Bukele es un eslogan, como en su momento lo fue la tolerancia cero, o el modelo de Giuliani de la policía de la mano dura, el modelo emblemático neoyorquino de la década de los 90. Entonces empieza a ser un eslogan, un marketing que se transforma, que se ve como un negocio, un gran negocio basado una serie de premisas falsas que se reproducen”, sostuvo.
