Señala que "innovar" en este asunto no es la solución, ya que actualmente existe una Ley de tenencia compartida.
"Darle mayores recursos al Poder Judicial para que los casos se resuelvan con mayor celeridad evitará mayores riesgos de vida", y agregan que esta medida "protegerá y generará las mejores condiciones en nuestra sociedad para asegurar el respeto a la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes".
Por su parte la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) advierte sobre las consecuencias que podría tener el proyecto y convoca a los representantes a legislar colocando a la infancias como prioridad.
Resalta la institución la necesidad de que los legisladores revean la redacción del articulado hacia esa posición, en especial el artículo 4, que “puede implicar vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora”.
En tanto Unicef entiende que el proyecto “mantiene aspectos que son de preocupación” en la medida que “son contrarios a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Agrega que “el interés superior del niño debe prevalecer siempre y sin condicionantes a otros principios relacionados a los derechos de los adultos”, algo que no sucede en la iniciativa dado que “el proyecto equipara la aplicación del principio del interés superior del niño al principio de corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia alternada”.
