Consumo de energía y agua
Lo cierto es que, si bien Solaria entusiasma mucho al Gobierno, desde su anuncio genera dudas en expertos en tecnología e ingeniería, académicos, representantes políticos de la oposición, organizaciones sociales, así como en ciudadanos de a pie. Algunos de los planteos que han hecho tienen que ver con quién lo financia, quién controlará los datos, qué consumo de agua y energía requerirá y qué impacto tendrá sobre el medio ambiente, entre muchos otros planteos que han puesto sobre la mesa.
Uno de los focos de mayor inquietud es el volumen de energía que demandará el parque informático. “Es un data center que, según lo que informa la empresa a los entes rectores españoles y demás, consumiría algo así como el 40 % de la energía eléctrica que hoy por hoy consume todo nuestro país. Entonces, ahí ya pone una alerta sin pensar en los datos, la tecnología y lo que haya allí adentro”, dijo a Caras y Caretas el activista por la soberanía tecnológica, Enrique Amestoy.
Por otro lado, Amestoy explicó que la propuesta comercial de Solaria consiste en lo que dentro del sector informático se denomina "piso energizado", lo que implica construir una gran estructura física que garantiza seguridad, redundancia de conectividad e insumos eléctricos permanentes para que terceros instalen sus servidores sin riesgo de interrupción, lo que exige una enorme presión sobre el monopolio estatal de generación. “Es una gran caja de zapatos con enchufes, refrigeración y seguridad física, de internet y eléctrica. Es decir que nunca se corte la electricidad. Que nunca se corte internet, porque dentro va a haber computadoras que no van a poder apagarse en ningún momento”. En ese sentido, señaló que abastecer una quinta parte de la potencia proyectada (100 megavatios de los 500 megavatios totales) requeriría ampliar la capacidad de generación. “Tenemos que pensar que UTE se va a tener que comprometer”, señaló.
A esto se suma la incertidumbre respecto al consumo de agua para los sistemas de enfriamiento. Aunque no se publicaron los detalles oficiales de refrigeración ni los coeficientes de eficiencia energética del proyecto, la ubicación geográfica cercana a reservas hídricas estratégicas como el Acuífero Guaraní genera preocupación. A modo de ejemplo, Amestoy recordó el antecedente del proyecto de Google en Canelones, donde la presión de investigadores universitarios y organizaciones sociales derivó en una solicitud de acceso a la información pública que obligó a la multinacional a reformular su plan original. Según dijo, de una pretensión inicial de consumir 7.600 metros cúbicos diarios de agua potable o subterránea, la empresa debió reconvertir su diseño a un sistema de enfriamiento de 40 metros cúbicos por día. También señaló el caso de Antel, que implementó un centro de datos basado en circuitos cerrados de agua con consumo casi nulo. Para el especialista, si el Estado no impone normativas estrictas de circuito cerrado, el uso hídrico puede convertirse en un grave problema ambiental.
Quién controlará los datos: la encrucijada del marco legal
Más allá de la dimensión ambiental y energética, otro de los debates se centra en la gobernanza de la información y la soberanía digital. Tampoco se sabe quiénes operarán los centros de datos, qué datos se alojarán ni quiénes los controlarán. Solaria es una firma especializada en infraestructura y energía, pero no opera directamente servicios finales de software o computación en la nube. Por tal motivo, la empresa deberá arrendar sus instalaciones a gigantes tecnológicas globales como Google, Amazon u Oracle.
"Lo que no nos dijeron en ningún momento, pese a que el Gobierno estaría firmando el acuerdo definitivo con Solaria, es con quiénes van a acordar para meter las computadoras dentro. Y allí no hay demasiados misterios porque data centers de ese volúmen de soporte los hacen muy pocas empresas en el mundo". Este es un punto que, de acuerdo al entrevistado, “preocupa mucho” porque “los proveedores que estén ahí dentro, por ejemplo, si pensamos en Amazon u Oracle, son empresas norteamericanas que dependen de la legislación norteamericana, sujetas a normativas como la Cloud Act y la AI Act —que son leyes asociadas a la nube y a la inteligencia artificial— que obligan a todas las empresas con sede en Estados Unidos a brindar cualquier tipo de información dentro de los servidores que tengan en el mundo, no importa quién sea”. Y añadió: "No garantizamos soberanía por tener el edificio en Uruguay [...] Tenemos una necesidad urgente de legislar y mirar finito lo que se firme y con quién se firme".
La cuestión geopolítica
Los centros de datos forman parte de una infraestructura crítica y estratégica ligada a la extracción de minerales que hacen posible la digitalización y la inteligencia artificial. Para algunos especialistas, esto plantea advertencias a los países periféricos, que no tienen el poder para definir las reglas de esos mercados. La preocupación alcanza también el uso de los datos para incidir en las decisiones de la ciudadanía.
Para Natalia Carrau, integrante de la organización Redes-Amigos de la Tierra, "este tipo de inversiones hay que vincularlas, como bien se dice, en el marco de una geopolítica concreta que también atraviesa los datos, con el uso que empresas trasnacionales de gran porte han hecho de esa información y el manejo de los algoritmos de las plataformas y las aplicaciones. No es el caso de esta empresa, sino de otras muy renombradas, el uso que han hecho en los países para modificar la toma de decisiones de los ciudadanos, de las ciudadanas, en contextos de elecciones u otros". A modo de ejemplo, Carrau rememoró que durante el año 2026 se acumularon denuncias internacionales sobre la injerencia de grandes firmas tecnológicas en procesos electorales y decisiones políticas soberanas.
Frente a estos poderes globales, otro desafío es diseñar leyes nacionales que permitan limitar el poder y el alcance de las empresas que operan los centros de datos. En este sentido, Carrau se refirió a la prevalencia de una lógica donde la inversión extranjera llega antes de que los marcos normativos estén preparados para regularla. "Estamos en un marco en que los hechos consumados pasan por encima de cualquier posibilidad de previsión de los gobiernos de regular al respecto. La digitalización, el mundo 5.0, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, llegó sin que los Estados estuviesen preparados para recibir ese tipo de tecnología. Y no me refiero simplemente a la capacidad para manejarla de manera correcta y con un uso saludable, para el bien común, sino, sobre todo, para los límites de esta actividad y del acceso al mercado de este tipo de empresas".
El modelo de desarrollo
Con respecto al modelo de desarrollo, Amestoy y Carrau coincidieron en que el esquema proyectado para Solaria aparenta una dinámica similar a la del modelo primario-exportador tradicional: se ceden grandes áreas de territorio y recursos naturales a capitales transnacionales que, además, al radicarse en zona franca, contarán con amplias exenciones tributarias, mientras que los retornos en materia de valor agregado, encadenamiento industrial y transferencia tecnológica resultan inciertos. “A priori, esto parece ser un modelo de negocios que replica otros modelos basados en materias primas que son parte de nuestra canasta exportadora, es decir, fuertemente dominados por el capital transnacional, fuertemente extractivos, pero después eso se exporta. ¿Qué es lo que queda en el país? ¿Qué uso se le da a lo que el país produce? ¿Cómo se va a ver beneficiado el país en materia de desarrollo y de soberanía digital y tecnológica con la llegada de esta inversión? Valdría la pena que el Gobierno ofrezca respuestas”, sentenció. Por su parte, Amestoy remarcó el contraste entre la magnitud mediática del anuncio y el retorno directo para las arcas públicas. "Estamos hablando de que es una inversión gigante, se dice que la más grande eventualmente que hubo en la historia del Uruguay, pero que no dejaría dinero en Uruguay".
Otra preocupación que planteó Carrau es el tipo de contrato que se firma entre la empresa inversionista y el Estado, ya que suelen cerrarse bajo cláusulas de confidencialidad y sometimiento a tribunales arbitrales internacionales, omitiendo exigencias de desempeño que obliguen a la empresa a generar capacidad tecnológica propia para el Estado anfitrión, mano de obra local, etc. “Este tipo de cosas quedan excluidas. Sin embargo, lo que nos dice la literatura del desarrollo y de la economía es que son este tipo de requisitos y políticas públicas las que permitirían que una inversión extranjera de gran porte vierta en el país algo más que inversión, y que podamos capitalizarlo en el sentido de una política industrial, digital y de telecomunicaciones”.
Datos, poder y pensamiento
En el marco del ciclo de debates “Soberanía en tiempos de inteligencia artificial”, realizado el pasado martes en la sede de FUCVAM, el profesor del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Gregory Randall, no se refirió específicamente a Solaria, pero compartió su mirada sobre los proyectos de centros de datos, aclarando al inicio de su intervención que hablaría como "un militante social y un ciudadano opinando libremente".
Para abordar la problemática, Randall propuso definir la soberanía como "la capacidad de una comunidad para definir y realizar acciones, lo que implica tener las herramientas cognitivas y materiales para hacerlo". A partir de este concepto, estructuró su análisis en tres dimensiones interrelacionadas: los datos, el poder de cómputo y la capacidad de pensamiento.
Aunque Randall reconoció la legitimidad de las alertas referidas al consumo de agua y energía eléctrica, situó la principal amenaza soberana en la apropiación y explotación de la información. "Yo voy a decir algo que puede parecer una herejía, pero mucha gente cuando piensa en esto se asusta del consumo de energía, que hay que asustarse, y del consumo de agua, que hay que asustarse. Yo me asusto dos niveles de magnitud por encima sobre el uso de los datos. Para mí es mucho más grave". Para él, en la actualidad, los datos representan “un recurso preciado”, “un commodity” y “un elemento de poder”, por lo que “hay sed por capturarlos”. Esto, a su entender, se debe al uso de los datos con fines comerciales, ya que, a través de estos datos, se accede a información personal como gustos, creencias, etc. “No hay conciencia de que estamos dando información valiosa”, opinó.
El docente explicó que las tecnologías contemporáneas de inteligencia artificial responden a un cambio de paradigma respecto a la ingeniería tradicional. Mientras antes se diseñaban modelos matemáticos para representar y resolver problemas, las herramientas actuales aprenden de manera autónoma a partir del procesamiento masivo de datos. En esa línea, remarcó que las máquinas "necesitan esos datos" para operar, convirtiendo a la información en el insumo central de poder del siglo XXI.
Randall advirtió además una dinámica de "rapiña sobre los datos", señalando que los usuarios ceden constantemente información valiosa de forma gratuita. Al mismo tiempo, puso de manifiesto la contradicción corporativa global entre las exigencias de protección impositiva y el uso irrestricto de bienes intangibles: "Se roban toda la propiedad intelectual del mundo y no pagan por ello".
En relación con el poder de cómputo, Randall sostuvo que el país no puede depender de compromisos contractuales privados para resguardar su soberanía, dado el desequilibrio de poder frente a las corporaciones tecnológicas internacionales. En tal sentido, consideró indispensable avanzar en el desarrollo de infraestructura nacional y establecer regulaciones explícitas sobre el uso de la tecnología.
Como antecedente legislativo, recordó la prohibición del uso de energía nuclear aprobada en Uruguay en 1997. A partir de ese ejemplo, propuso fijar condicionamientos éticos a los centros de datos que pretendan instalarse en el territorio: "A mí no me gustaría que los centros de datos que se están instalando en Uruguay sean parte de la maquinaria criminal que está matando palestinos en Gaza". Y añadió: "Podríamos tener una ley que diga que en el Uruguay los centros de datos que se instalen no van a tener usos militares".
La erosión del pensamiento fue otro de los retos que planteó Randall sobre el final de su disertación. Citando una máxima de José Martí, "ser cultos para ser libres", advirtió sobre la progresiva delegación de la capacidad de análisis y resolución de problemas en algoritmos de los cuales se desconoce su funcionamiento interno.
Para el académico, la dependencia automatizada conlleva un riesgo mayor para la soberanía social. "En poco tiempo esto nos está succionando la capacidad de pensar. Este es un tema que tenemos que pensar. Si queremos hablar de soberanía, es más grave todavía que el que nos roben los datos. Porque en poco tiempo, creo yo, en una generación, no sé qué capacidad tendremos de pensar a nivel de masa". Frente a esta transformación, concluyó que las instituciones educativas y universitarias enfrentan el desafío de reestructurar sus modelos de enseñanza.
La definición del proyecto Solaria ingresará en una fase clave a mediados de este mes. El presidente Yamandú Orsi tiene previsto viajar a España entre el 14 y el 17 de noviembre para participar en un foro económico en Madrid patrocinado por la propia firma fotovoltaica. Durante este viaje se aguarda que las autoridades uruguayas avancen en las negociaciones definitivas del contrato de inversión. Mientras tanto, otras voces reclaman mayor pedagogía pública, transparencia contractual e información detallada sobre los requerimientos de UTE y la protección de datos.