Nacho Álvarez: Organizaciones que velan por la libertad de expresión analizan sentencia judicial

Ante la discreta, pero incisiva, polémica que se suscitó a partir de la decisión judicial, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) emitió un comunicado en el que respaldó a la jueza actuante en la causa, María Andrea La Paz.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con la Magistrada que, como fuera de pública notoriedad, recibiera ataques y cuestionamientos personales tanto en redes sociales como en medios de comunicación, por el mero hecho de cumplir con el ejercicio encomendado de su profesión”, resaltó AMU.

“Como integrantes del Sistema de Justicia, defenderemos siempre el derecho de todo ciudadano a impugnar una resolución judicial discorde” pero no respaldan que “sean las agresiones y las persecuciones personales una forma de expresión o defensa”, valoraron. Estas formas de actuar configuran “un hecho de violencia”, valoraron.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia y comunicamos el apoyo y acompañamiento ofrecido a la colega violentada”, sostuvieron. Amu es la institución gremial que agrupa a las juezas y jueces del Poder Judicial, y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del país.

En el programa Desayunos Informales, el periodista Leonardo Haberkorn acusó de censura dictatorial a la jueza, y de protección a los jerarcas de INAU afectados por el escándalo de explotación sexual de menores en el marco de la Operación Tridente.

¿Qué dice el fallo judicial?

En una sentencia a la que accedió Caras y Caretas el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 2º Turno, a cargo de la Dra La Paz, resolvió la “prohibición de contacto, comunicación, relacionamiento, de entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar” a la periodista Patricia Martín y el equipo periodístico del Programa Porque todo se sabe “con relación a los adolescentes institucionalizados en el CAFF-Tulipanes y a los testigos y/o denunciantes de los hechos, por el término de 180 días y un radio de exclusión de 500 metros respecto de las personas y el Centro mencionado” y de “cualquier otro Centro u Hogar de INAU o dependiente del mismo en el cual pudieran encontrarse institucionalizados los/las adolescentes”.

Por otro lado también establece la “prohibición de utilización de cualquier material audiovisual, que implique la difusión de la imagen, la voz, o cualquier otro elemento identificatorio de la identidad de los adolescentes que se encuentran institucionalizados en CAFF-Tulipanes, así como también de los funcionarios que se encontraban presentes al momento de los hechos denunciados”.

Por último se decreta la “prohibición de difusión de la ubicación física del CAFF-Tulipanes, a través de cualquier medio, que pudiera poner en riesgo la integridad bio-psico-física de los adolescentes institucionalizados en dicho Centro”.

En ese sentido la jueza dispuso “el retiro de todo material audiovisual que se encuentre en redes sociales o al alcance del conocimiento público” por el programa periodístico “y que se relacione con el programa emitido por streaming a través de Youtube, el día 15 de octubre de 2026”. Si en el plazo de 24 horas “a partir de la notificación de la presente sentencia” no se eliminaran los contenidos se aplicarán 5 Unidades Reajustables como multa por incumplimiento.

Organizaciones de libertad de expresión

Caras y Caretas se comunicó con una fuente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el sindicato de periodistas, quien señaló que “en principio APU no va a hacer pronunciamiento sobre el tema, pero atiende al hecho de que es una situación compleja”.

El gremio considera que “el lugar para entablar esta discusión es la Mesa de Seguridad para Periodistas que se instaló el pasado 26 de octubre en el parlamento, donde participan representantes de todos los poderes que conforman el Estado”.

Por otro lado desde el Centro de Acceso a la Información Pública (Cainfo) señalaron a Caras y Caretas que se encontraban analizando la sentencia y que aún no habían llegado a una conclusión al respecto.

El portal también consultó a fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre la posibilidad de que analizaran y se expidieran en un sentido u otro en relación a la sentencia judicial, quienes señalaron que no tienen competencia legal para realizar ese tipo de acciones. Aún así ambas instituciones integran la Mesa de Seguridad a la que APU se refiere.

¿Cuáles son las normas que están en juego?

La jueza La Paz se apoyó en normas de protección a los menores de edad que establecen “el derecho de todo niño, niña o adolescente a su imagen, nombre, intimidad y todos los demás derechos de la personalidad, protegidos no sólo por la Constitución sino también dar lugar a la individualización de su persona”.

Y que “en el contexto de hechos delictivos, así como en circunstancias donde se discutan su tutela, guarda, patria potestad o filiación, los servicios de comunicación audiovisual se abstendrán de difundir nombre o seudónimo, imagen, domicilio, la identidad de sus padres o el centro educativo al que pertenece u otros datos que puedan dar lugar a su individualización”, publicó.

Entre las normas citadas en la sentencia está la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de violencia sexual contra niños, adolescentes e incapaces, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Medios, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Según una fuente consultada de la Facultad de Información y Comunicación para interpretar si la decisión judicial se ajusta a la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece derechos y obligaciones en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, se debe aplicar un “test Tripartito”.

El primer punto es corroborar si se aplica el “Principio de Legalidad” en el sentido de que la decisión del Estado debe estar basada en normas previas, y no deben establecerse censuras previas, sino sanciones ulteriores.

En segundo lugar la decisión debe tener un “Objetivo Legítimo”, para ello se reconoce como fines aceptados “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”, aunque bajo ciertas circunstancias no se aplicará por razones de interés público. Los otros fines aceptados son “la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas”.

En tercer lugar se debe analizar la “Necesidad y la Proporcionalidad” en el sentido de que la medida aplicada “no solo debe ser útil para lograr el objetivo, sino estrictamente necesaria”