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Tacuarembó: dos ediles blancos dicen que intendente se benefició ilegalmente con la venta de un terreno

“Tenemos que tener presente que se benefició de forma directa al triplicar el valor comercial de su terreno privado" dijo edila blanca de Tacuarembó.

A tres meses de entender en la causa del intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, la fiscal de Durazno, Paula Goyeni, sigue sin darle continuidad a pesar de que su antecesor, el fiscal Diego Cháves, había llegado a la última etapa de investigación de la denuncia presentada contra el jefe comunal por el delito de conjunción del interés público y privado. En diálogo con Caras y Caretas, dos ediles de la Lista 33 del Partido Nacional, Virginia Souza y Jhon Duhalde, se refirieron al beneficio obtenido luego de que Ezquerra vendiera un terreno utilizando a la Junta Departamental para recategorizarlo, y a las razones del congelamiento de la causa, tanto en la Justicia como en el Directorio del Partido Nacional.

En diálogo con Caras y Caretas, la fiscal departamental de Durazno de primer turno, Paula Goyeni, respondió a este medio que su estilo de trabajo no incluye responderle a la prensa sobre las causas que debe investigar y, con referencia al caso Ezquerra, añadió espontáneamente: “Además, no hay nada que decir”, dando cuenta de esta manera de que la causa está congelada en su fiscalía.

Lo que dicen ediles de su partido

Como se recordará, Caras y Caretas informó que el fiscal Diego Cháves trasladado a la Fiscalía de Libertad de segundo turno ocupaba la Fiscalía de Durazno y se disponía a formalizar a Ezquerra luego de haber alcanzado la última etapa de la investigación, y que tal extremo lo había comunicado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Cháves fue el sexto intendente en entender en la causa del jefe comunal de Tacuarembó luego de que los cinco fiscales anteriores se excusaran. Al respecto, la edil de Correntada por el Cambio, Lista 33 del Partido Nacional, Virginia Souza, dijo que cuando en 2024 “nos llega el anteproyecto de recategorización de un predio a la Comisión de Agro, detectamos que había una superposición dentro de lo que es el negocio privado del intendente y que constitucionalmente tenía impedido hacerlo”. Souza añadió que el intendente Ezquerra “no fue transparente cuando solicitó a la Junta que ese terreno se declarara de interés departamental con el objetivo de que se modificara la categoría de la tierra de rural a semiurbano”.

Consultada acerca del beneficio que recibió el intendente Ezquerra, Souza respondió que la venta del terreno a la empresa maderera BrasPine significó un beneficio para Ezquerra, un beneficio económico. “Tenemos que tener presente que se benefició de forma directa al triplicar el valor comercial de su terreno privado porque compró el predio a 30 mil dólares y luego lo vendió a 210 mil dólares; es decir que obtuvo una ganancia neta personal de 180 mil dólares”. La edil dijo que “al actuar simultáneamente como vendedor privado y como la máxima autoridad pública, se asegura ese negocio”, y subrayó que “lo que no se puede es estar de los dos lados del mostrador, es un tema de coherencia y transparencia”.

Souza declaró en 2025 en la Fiscalía de Durazno como testigo de la recategorización del terreno que la Intendencia encabezada por Ezquerra solicitó votara la Junta Departamental, e indicó que “la Fiscalía investigó la conjunción del interés público y privado (artículo 161 del Código Penal) fundamentado en dos grandes pilares: el aumento drástico del valor del suelo al pasar de rural a suburbano-industrial, pues el precio de la propiedad se disparó de inmediato, y los privilegios estatales que conllevaba la recategorización del suelo, pues Ezquerra promovió la declaratoria de interés departamental para ese proyecto y esto otorgaba a los compradores beneficios fiscales y administrativos. Así, el terreno se convertía en mucho más atractivo para los inversores frente a cualquier otro campo de la zona, fue un combo”, dijo Souza. “Presentamos todas las pruebas en Durazno siguio Souza, el precontrato de compraventa y la fecha de los documentos para acreditar que el terreno era del intendente cuando se firmó el boleto de reserva”. Souza respondió que la empresa BrasPine, ante todo esto, decidió irse del departamento “porque el inversor que generaría puestos de trabajo adujo que el recurso del agua era un problema en Tacuarembó, pero acá también contaba con agua superficial, subterránea, se podían hacer embalses en el paraje rural Paso del Manco donde se construiría la planta, por eso nunca cerró la explicación dada por la empresa”. Souza añadió que “ese era el terreno de Ezquerra y constituía, junto con la recategorización, el terreno más atractivo para los inversores con exoneraciones y privilegios fiscales y administrativos, pero no contaban con que íbamos a leer la letra chica”.

Consultada sobre las exoneraciones, en tanto los inversores podrían obtenerlas en otros terrenos de igual manera, Souza respondió: “Si elegían otro terreno, precisamente no sería el terreno de Ezquerra que, hasta ahora, nos preguntamos por qué debía serlo, por qué tenía que ser ese terreno donde se erigiera la empresa. Finalmente, lo que sí se sabe es que Ezquerra superpuso su actividad privada con la pública y esto es lo que no es constitucional”.

Con respecto a la causa, la edila Souza dijo a Caras y Caretas que estima que en la Fiscalía de Durazno no avanza “porque el poder acá es muy grande, las influencias políticas son muchas también, estábamos esperanzados en el fiscal de Durazno que tenía ganas de descubrir el velo que ocultaba esto. Creo que el poder económico y las influencias políticas tienen muchísimo peso porque no son casualidad tantas renuncias de fiscales”. Consultada acerca de si habló alguna vez con el intendente sobre la denuncia presentada, Souza respondió que “yo tengo mis principios y soy drástica, y creo que no está actuando bien nuestro intendente, por eso cuando nos hemos encontrado no le dirijo la palabra. El poder es tal que él maneja los medios de comunicación en Tacuarembó, entonces todos los medios, en este tema, se llamaron al silencio: cuando él dice que hay que hablar de un tema específico, todos hablan del tema específico, y cuando dice que no hay que hablar, nadie habla. Por eso este asunto quedó en silencio y los medios también ayudan a esto, no se publica nada, ni siquiera en redes sociales”.

“Estamos seguros agregó Souza de que esto es una perla más de un collar de cosas que siempre se hicieron así en Tacuarembó. Hasta que llegó Correntada por el Cambio nada se denunciaba; por eso estamos seguros de que, en algún momento, esto saldrá a la luz y se sabrá cómo fue”.

Por su lado, el edil de la Lista 33 del Partido Nacional, Jhon Duhalde, dijo a Caras y Caretas que “es verdad que la causa no avanza pero tampoco se archiva, entonces está latente, está demorado porque pensábamos que es una cosa que está muy clara pero hay que respetar los tiempos de la Justicia”. Duhalde denunció al intendente Ezquerra en el Honorable Directorio del Partido Nacional, “donde mandé una copia y pedí que su Tribunal de Ética se expresara sobre si había o no irregularidad. Declaré en fiscalía sobre la denuncia presentada hace dos años en el Directorio del Partido Nacional, por Gustavo Martínez y por mí, y nunca nos llamaron para decir nada, ni siquiera cómo se procedió ni si se archivó, ni contestaron nada en estos dos años. Pienso que están barriendo debajo la alfombra”, dijo Duhalde.

El edil blanco dijo que “el cambio de categoría del terreno propiedad benefició a Ezquerra, pero en dinero no lo afecta en nada, no entiendo por qué lo hizo, porque es un dinero que no necesita; el fin que buscaba, no lo sé. ¿Fue un error? No tengo idea. La compraventa se hizo y la empresa le pagó a Ezquerra y al padrón vecino, pero no es un dinero que a Ezquerra lo mueva”.

Duhalde indicó que “lo más importante es que se perdieron 500 puestos de trabajo en Tacuarembó, tomando en cuenta que el frigorífico hoy está parado con 1.300 puestos de trabajo, por eso el tema que más afecta son los puestos de trabajo”. Duhalde sostuvo que “la empresa se terminó yendo aduciendo problemas con agua, pero en Rivera también funcionan con pozos semisurgentes; por eso esa explicación no convence. En realidad, se fueron por el escándalo público que terminó en la Justicia y esos escándalos no le sirve a ningún inversor porque quienes vienen, en general, son gerentes y administradores, no son dueños, y también deben dar cuentas a sus patrones”.

Duhalde recordó que “enseguida que pasó la elección, cuando saqué el 40 % de los votos y Ezquerra me ganó por 6.000 sufragios, estuve con él reunido porque su idea era que participáramos del Gobierno departamental, pero no nos pusimos de acuerdo porque pensamos diametralmente opuesto en todos los aspectos: en transparencia, honestidad, coherencia. Me costó bastante porque se me fueron algunos ediles que querían participar del gobierno. En esos encuentros nunca me tocó el tema de la denuncia y pienso que cada uno es dueño de sus actos”.

En referencia a las explicaciones públicas que diera Ezquerra a lo largo de la investigación que ya lleva 2 años, Duhalde dijo que “la única vez que habló en conferencia de prensa que en realidad no fue tal porque no aceptó preguntas dijo que no hubo ninguna irregularidad. Luego de eso no habló nunca más”. En definitiva, añadió Duhalde, “si no hay ninguna irregularidad, ¿por qué no se archiva? Pasa de mano en mano y es como una pelota que quema. Es la mejor prueba de que hay algo que hay que investigar. Espero que en el régimen democrático en el que vivimos, que es el mejor que hay, la Justicia se pronuncie, y si dice que no hubo irregularidad, seré el primero en respetar la sentencia”.

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