La acusación de persecución penal con fines de reivindicación no le sentó bien a Alston, quien la calificó de acusación "muy grave" y señaló que él personalmente había presidido casos que involucraban a los fiscales, por quienes sentía un gran respeto.
El abogado defensor Robert Feitel intervino rápidamente para aclarar que no se refería a personas, sino al proceso mediante el cual Marset fue capturado en Bolivia, enviado a EEUU e interrogado sin la presencia de abogados. Su objetivo era desacreditar a Michael Greisen, uno de los principales agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la operación para capturar a Marset.
La fiscalía sostiene que Marset blanqueó decenas de millones de dólares a través de bancos europeos y sus filiales estadounidenses con la ayuda de agentes financieros como Federico Santoro, un corredor uruguayo condenado a 15 años de prisión en 2025.
Inicialmente, Marset fue acusado de lavado de dinero, pero posteriormente fue imputado por tráfico de drogas y narcoterrorismo.
Este miércoles 23, en el tribunal, Feitel indicó que su cliente no niega ser un narcotraficante, pero señaló que "evitó cuidadosamente" las actividades relacionadas con las drogas que involucraban a EEUU y acusó al gobierno de intentar "introducir a la fuerza este caso en cargos de narcoterrorismo" al vincular retroactivamente a Marset con sindicatos regionales, como el Clan del Golfo de Colombia y el Primeiro Comando da Capital de Brasil, cuyas designaciones oficiales como organizaciones terroristas por parte de EEUU entraron en vigor después de los hechos que se investigan.
“Esas designaciones se basan en la conducta histórica de los grupos”, dijo Anthony T. Aminoff, el fiscal principal, al tiempo que refutaba las afirmaciones de la defensa de que las pruebas clave fueron incautadas en aguas territoriales colombianas en lugar de en aguas internacionales.
Las pruebas financieras de la defensa de Marset
Los abogados de Marset argumentaron que la acusación inicial de lavado de dinero es inválida porque se trataba de una sola transferencia bancaria que no involucraba los servidores de un banco estadounidense. Llamaron a declarar como testigo a Kristofer Doucette, exfuncionario del Tesoro y especialista en inteligencia financiera.
Los abogados, con la ayuda de Doucette, intentaron argumentar que la transferencia bancaria se realizó entre dos bancos no estadounidenses y no se canalizó a través de un servidor informático en EEUU.
De acuerdo con las normas internacionales, se canalizó a un servidor en Virginia y fue verificada por los responsables de cumplimiento normativo de Bank of America, quienes no detuvieron la transacción. Sostuvieron que el movimiento nunca pasó por bancos estadounidenses, por lo que no constituía una infracción de la legislación estadounidense.
Los fiscales replicaron que demostrarían en el juicio que los servidores de Bank of America estaban implicados y eran clave para el movimiento.
La polémica confesión a la DEA
Uno de los puntos más polémicos es la alegación de la defensa de Marset de que las confesiones se obtuvieron de forma irregular, una doctrina legal conocida como "fruto de un árbol envenenado". Alegan que, si bien a Marset se le leyeron sus derechos a guardar silencio, los fiscales demoraron en permitirle contactar a su abogado hasta que intentaron persuadirlo para que se declarara culpable.
En el estrado, el agente de la DEA, Greisen, reconoció haber grabado entrevistas con Marset durante los vuelos desde su arresto en Bolivia en marzo de 2025 hasta Lima, Perú, y posteriormente a Virginia. Sin embargo, Greisen admitió que, por discreción, no grabó a Marset cuando estuvo detenido en Virginia, con la esperanza de convencer al narcotraficante de que colaborara con la justicia.
Eso podría resultar importante. Greisen sugirió que lo hizo en beneficio de Marset, ya que grabar esas conversaciones habría generado un registro probatorio que podría ponerlo en peligro si se convertía en testigo.
El juez Alston ordenó a ambas partes que presentaran breves resúmenes de sus alegatos antes del 12 de octubre, fecha en la que emitirá su fallo. El juicio de Marset está programado para principios de 2027.
