El primero en reaccionar fue el exlegislador por el Partido Colorado, Ope Pasquet, quien cuestionó duramente el comentario de Goñi, recordando que “el Parlamento es una institución del Estado uruguayo, que es laico”. Pasquet enfatizó que la institución no tiene relación con la fe y que, por ende, “no puede imponerla, no puede prohibirla, no puede incentivarla ni desincentivarla”.
La postura del colorado incomodó a Manini Riíos quien intervino en defensa de la libre expresión de la fe en el ámbito público.
Manini Ríos criticó lo que definió como una "obsesión sectaria" que busca transicionar de la laicidad constitucional a un "laicismo que pretende imponer al ser humano su desvinculación de toda dimensión espiritual". Sostuvo que, al representar a toda la ciudadanía, el Parlamento no puede ignorar la realidad espiritual del país: “La fe, le guste o no a algunos, integra la reality que vive buena parte de nuestro pueblo”.
Laicidad: el origen de la tensión
El trasfondo de esta discusión se remonta a julio, cuando un grupo de 20 legisladores pertenecientes a cinco partidos políticos (con la única excepción de Identidad Soberana) elevó una solicitud formal a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, para que la Asamblea General recibiera al Papa León durante su estadía en el país.
La iniciativa, coordinada originalmente por el propio Goñi, dinamitó el consenso interno en el Poder Legislativo. Varios integrantes del oficialismo, entre ellos el excolorado Fernando Amado, manifestaron su resistencia argumentando que una recepción con características institucionales hacia una figura eclesiástica colisionaba directamente con el carácter no confesional del Estado uruguayo.
"Es lo mismo que cuando intentan asociar patria y nación con la iglesia", dijo Amado y apuntó contra los parlamentarios por promover "que lo religioso se manifieste en el espacio de lo público y transmitir la idea de que hay que creer en algo".
En la misma línea el exlegislador colorado Ope Pasquet cuestionó la propuesta desde una concepción de la laicidad que establece una separación entre las convicciones religiosas de las personas y las funciones de las instituciones públicas.
“El Parlamento es una institución del Estado uruguayo, que es laico. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la fe: no puede imponerla, no puede prohibirla, no puede incentivarla ni desincentivarla”, afirmó.